Los fiscales Stornelli y Rívolo pidieron que el ex presidente de la Bolsa de Comercio vaya preso
Una frágil permanencia en libertad
Ayer, los instructores de la causa por las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno apelaron la decisión de Bonadío de procesar al empresario sin dictar prisión preventiva. La Cámara revisará la situación del ex Vicentín.
Padoán pidió licencia de seis meses en la entidad bursátil.Padoán pidió licencia de seis meses en la entidad bursátil.Padoán pidió licencia de seis meses en la entidad bursátil.Padoán pidió licencia de seis meses en la entidad bursátil.Padoán pidió licencia de seis meses en la entidad bursátil.
Padoán pidió licencia de seis meses en la entidad bursátil. 

Los fiscales federales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli apelaron ayer ante la Cámara Federal la decisión del juez federal Claudio Bonadío y pidieron la detención del ex presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoán, quien fue procesado en la causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, pero sin prisión preventiva, acusado de conformar una asociación ilícita y por pago de coimas a ex funcionarios kirchneristas. Más allá del impacto de la apelación, los fiscales reclamaron esa decisión "sin perjuicio de la posibilidad de estarse a la libertad provisoria ya dispuesta para algunos de ellos". Al anunciarse su procesamiento, Padoán pidió una licencia de seis meses en la Bolsa, que fue rápidamente aceptada por el consejo directivo de la entidad. El lunes pasado, el ex directivo de Vicentín había apelado el procesamiento, por el cual le trabaron un embargo por 4 mil millones de pesos, cuestionando al juez Bonadío por no describir el rol que habría tenido en la asociación ilícita, y además negó haber pagado coimas. Los fiscales también incluyeron en la requisitoria al empresario Paolo Rocca, titular de Techint, al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, a su ex secretario privado Martín Larraburu, y al empresario de Proalsa-Chime Aike, Rubén Aranda.

El juez Bonadío procesó al ex titular de la Bolsa de Comercio porque, según consta en el expediente, "participó ordenando entregas de dinero, por el Grupo Vicentín, a Nelson Lazarte (mano derecha de Roberto Baratta), las cuales se llevaron a cabo en la calle Presidente Luis Sáenz Peña 1074. El 16 de septiembre de 2013 se hizo entrega de 500 mil dólares, y el 16 de junio de 2015 se le hizo entrega de un millón de dólares". El pasado lunes, la defensa de Padoán apeló la medida contra el ex titular de la Bolsa de Comercio, manifestando que "no hay una sola prueba directa" para sostener la hipótesis del juez sobre las acusaciones atribuidas a su cliente.

Para los fiscales, se comprobó que "los hechos juzgados ostentan las notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público". Además, señalaron que "se trató por tanto de un emprendimiento criminal, concebido, proyectado y sostenido en el tiempo con un nivel de sofisticación y profesionalismo que permitió una extensión temporal prolongada". Por tal motivo, Stornelli y Rívolo consideraron que les corresponde a estos procesados la misma situación de prisión preventiva que se decidió en el caso de otros imputados en el caso.

El dictamen de los fiscales será analizado por la sala I de la Cámara Federal, que integran Leopoldo Bruglia y Carlos Bertuzzi, quienes deberán intervenir para resolver si confirman o no los procesamientos dictados por Bonadio, y eso incluye la decisión de dejar en libertad o dictar prisión preventiva en cada caso. Por eso los fiscales pidieron al Tribunal de Apelaciones que confirme los procesamientos de Padoán y los demás acusados pero que les dicte la prisión preventiva.

Los fiscales reclamaron esa decisión "sin perjuicio de la posibilidad de estarse a la libertad provisoria ya dispuesta para algunos de ellos", para luego agregar que los roles de los acusados "adquieren una singular trascendencia puesto que ayudaron a estructurar un esquema de organización que excedió el mero acuerdo de voluntades de quienes decidieron participar". La fiscalía aludió a un "pacto ilícito acordado entre funcionarios y empresarios", de cuyos "beneficios muchos de ellos se valieron o usufructuaron". Stornelli y Rívolo no apelaron la falta de mérito que dictó Bonadio para el empresario Marcelo Mindlin.

Este fallo es el primero sobre el que se expedirá la Cámara Federal e incluye además al detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López, a Baratta, el remisero Centeno, y a empresarios detenidos y otros excarcelados, porque fueron aceptados como arrepentidos.

Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ