El juez federal Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a diez militantes anarquistas acusados de colocar explosivos en el cementerio de la Recoleta y en la casa del juez federal Claudio Bonadio, al encontrarlos responsables de estrago por explosión con peligro de vida de personas, tenencia ilegítima de explosivos y apología del delito.

En el caso de los explosivos que detonaron en manos de una de las acusadas en la Recoleta, el juez entendió que el delito estuvo “consumado”, mientras que sobre lo ocurrido en el domicilio de Bonadio lo consideró una “tentativa” que puso en peligro al magistrado, a su familia, a sus custodios y a transeúntes, el 14 de noviembre pasado.

La decisión recayó sobre Hugo Rodríguez, Gastón Cárdenas, Julieta Fernández, Clarisa Cárdenas, Juan Manuel Rodríguez, Ernesto Marinageli, Roberto Omar Medina, Álvaro Gonzalo Godoy, Marcelo Oscar Medina y Marco Nicolás Viola, quienes seguirán presos y con embargos por un millón de pesos. “Formaron parte de una organización –también integrada por Anahí Esperanza Salcedo–, la cual dispusiera de distintos objetos, entre ellos material explosivo y elementos para su fabricación e instrumentación, con el fin de utilizarlos para la comisión de delitos contra la seguridad común; ello con el objeto de infundir temor público como modo de imponer sus ideas y combatir las ajenas, así como para generar conmoción social, tumultos y desórdenes”, afirmó el juez.

Salcedo, la mujer en silla de ruedas que ingresó al cementerio y a la que se le detonó el explosivo, sigue internada en grave estado en el hospital Fernández y no pudo ser indagada, por lo cual no se resolvió aún su situación procesal. Ercolini consideró “acreditado con el grado de probabilidad requerido para la etapa que se transita, la existencia de una agrupación” que, sostiene, “en pos de imponer sus ideas y combatir las ajenas, se vale de distintos medios a efectos de generar temor en la sociedad”. Parte de estas actividades “eran llevadas a cabo en el inmueble ubicado en la calle Pavón 2345, de esta ciudad, el cual funcionaba como lugar de reunión o punto de encuentro de sus integrantes, a la vez que allí eran guardados numerosos elementos que utilizaban para desarrollar sus acciones”, consigna el informe policial en el lugar.

El intento de hacer detonar un explosivo en la casa de Bonadio, atribuido a una venganza por la detención de integrantes del grupo anarquista que ordenó el juez, “puso en peligro no sólo la vida del mencionado magistrado y su grupo familiar, sino también de los funcionarios policiales encargados de su custodia que allí se encontraban, y de personas indeterminadas que pudieran pasar por el lugar”, remarcó Ercolini.