Siguen las críticas por el protocolo de Bullrich
"Una pena de muerte encubierta"
Imagen: Bernardino Avila

El proyecto que amplia el uso de las armas de fuego por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad sigue recibiendo duras críticas entre referentes de la oposición. La diputada y exministra de Defensa Nilda Garré calificó el nuevo protocolo lanzado por Patricia Bullrich como “una insensatez” ya que contribuirá a “incrementar la violencia”. Para la diputada Mónica Macha, el nuevo reglamento representa "una pena de muerte encubierta".

"Es terrible, una insensatez, una audacia inconcebible y que implica desconocer la legislación vigente. La ministra Bullrich con esta resolución autoriza a matar por la espalda, a matar a una persona que huye", manifestó Garré.

Según la exfuncionaria, “no es necesario que se mate” a quienes realizan arrebatos, como el robo de celulares o motochorros que arrancan carteras, puso de ejemplo. “Eso agrega más violencia a la violencia que ya tenemos", añadió en declaraciones a radio Legislativa.

Garré consideró que la aplicación de la nueva reglamentación, que habilita a los efectivos policiales a disparar por la espalda y hasta sin dar la voz de alto, coloca a los agentes policiales en un "gravísimo riesgo" ya que los jueces podrían procesarlos por exceso en el uso de la fuerza.

"Los policías saben que pueden ser condenados si ejercen este permiso que les da la ministra. Saben que están actuando contra la ley", señaló. "Saben que cuando a los militares los manipularon para exterminar subversivos, muchos después terminaron pagando esos delitos de lesa humanidad. Con penas de prisión, juzgados por tribunales legales, pero fueron condenados", agregó.

El lunes el Gobierno oficializó la resolución 956/2018 que flexibiliza el uso de las armas de fuego y habilita su uso ante cualquier “peligro inminente”, que puede ser "actuar bajo amenaza" o ante la presunción de que el sospechoso tenga un arma letal. Además, habilita a emplear el arma de fuego en caso de fuga para lograr una detención.

Por su parte, la diputada del Frente para la Victoria Mónica Macha, quien presentó un proyecto de ley en contra del nuevo reglamento y solicitó su anulación, aseguró que "de todos modos, no estaría tan claro que no se pueda implementar". "Es un despropósito en términos constitucionalistas, además de lo que podemos pensar políticamente, y el riesgo que significa para la población. Presentamos el proyecto y pedimos que se anule esa resolución", indicó.

Según Macha, lo más preocupante de la resolución fue la aceptación social, “no generó un rechazo masivo”. Su proyecto toma parte de los artículos del protocolo de la ONU, al que adhiere la Argentina, para asegurar que la nueva reglamentación no se transforme en “una pena de muerte encubierta”.

“Es como una pena de muerte encubierta porque por robar un bien material esa persona pierde la vida sin ningún tipo de resguardo para su proceso judicial", criticó.

En la Ciudad de Buenos Aires, el juez Roberto Gallardo dictó una medida cautelar en la que considera el nuevo reglamento como inconstitucional y prohíbe su aplicación en el territorio porteño. Fue en respuesta a dos amparos, presentados uno por la diputada Myriam Bregman junto a la titular de la Correpi, María del Carmen Verdú, y otro por la agrupación de abogados Nace un derecho.

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