El juez federal Ricardo Recondo fue elegido hoy presidente del Consejo de la Magistratura tras la sesión en la que quedaron designadas las nuevas autoridades del cuerpo. La vicepresidencia quedó a cargo de Marina Sánchez Herrero (cercana al macrismo), mientras que el senador Miguel Ángel Pichetto se quedó con la comisión de Disciplina y Acusación, el cargo más importante después de la presidencia del Consejo.

Se trató de la primera sesión del Consejo después de la jura de los nuevos miembros, el pasado 20 de noviembre. Los 13 integrantes se reunieron en el segundo piso de la sede del Consejo, y votaron a sus autoridades. La presidencia fue consensuada luego de la polémica por la exclusión del diputado radical Mario Negri, quien se quedó fuera del cuerpo por la sumatoria de votos peronistas en la Cámara Baja, que ungieron a Graciela Camaño y Eduardo “Wado” de Pedro.

Sin embargo, el rol de Pichetto es clave en el Consejo. El senador por Río Negro tendrá potestad para convocar reuniones y elegir los temas a tratar en una comisión cuyo objetivo es analizar las denuncias contra los jueces por presunto mal desempeño en sus funciones. De allí que Pichetto podrá incidir de forma decisiva en la aplicación de sanciones o con un juicio político a algún magistrado, ya que su voto vale doble en caso de que haya empate entre sus colegas.

En otras designaciones, el juez Juan Manuel Culotta fue puesto al frente de la comisión de Selección; el abogado porteño Juan Pablo Mas Velez estará a cargo de Administración y Financiera, y la senadora Olga Inés Brizuela y Doria presidirá la comisión de Reglamentación.

En la reunión estuvieron presentes los otros integrantes del cuerpo dedicado a nombrar y sancionar jueces. Además de Camaño y De Pedro, dijeron presentes el diputado macrista Pablo Tonelli; el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques; la senadora Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini; el académico Diego Molea y el camarista Alberto Lugones.

El nuevo Consejo avanzó en sus funciones respecto del caso de Carlos Soto Dávila, juez federal de Corrientes acusado de encubrir narcotraficantes en la provincia. El Consejo analizó la posibilidad de un juicio político contra el magistrado. Soto Dávila declararía en febrero.