A través de una dura declaración contra la reglamentación del Ministerio de Seguridad que legaliza el gatillo fácil, una veintena de diputados nacionales de distintos bloques le pidieron a la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (Procuvin) que “adopte una postura institucional y jurídica” sobre esa medida para que ningún fiscal federal o nacional justifique un caso de violencia policial que pretenda ampararse en esa normativa.
El pedido dirigido al titular de esa dependencia, Andrés Heim, cuestiona a la “desafortunada resolución” 956/2018 impulsada por Patricia Bullrich por su “abierta inconstitucionalidad” y “desprecio por la vida humana”. Puntualiza que esa medida deja “en manos de las fuerzas de seguridad la posibilidad de aplicar la pena de muerte, sin siquiera juicio previo” y la rechaza porque va en contra “de la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos” a los que adhirió la Argentina.
Los legisladores nacionales de la oposición le pidieron a la Procuvin “que adopte una postura institucional y jurídica respecto del Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego” a fin de que “todos los fiscales federales y nacionales del organismo se abstengan de considerar” que cualquier acción de las fuerzas de seguridad que apele a esa norma “pueda entenderse amparada por la legítima defensa o el cumplimiento del deber”.
“Deviene imprescriptible que la Procuraduría” emita un pronunciamiento que “se erija como referencia para todo el sistema de administración de justicia penal federal”, puntualizó la nota firmada, por las diputadas Nilda Garré, Victoria Donda, Lucila De Ponti, María Emilia Soria, Cristina Álvarez Rodríguez, Romina del Pla, Gabriela Cerruti, Mónica Macha y Nathalia González.
También firmaron los diputados José Luis Gioja, Agustín Rossi, Daniel Arroyo, Adrián Grana, Leonardo Grosso, Horacio Pietragalla y Wado de Pedro, entre otros.
