Opinión
¿Y el Estado dónde está?

La denuncia por discriminación de una empleada doméstica porque no podía usar el transporte privado que entra a Nordelta y la propuesta (y rechazo) de que el transporte público pueda ingresar a esta ciudad privada, o semi-privada no son nuevos temas. Se trata, por un lado, de discriminación y hacer explícito que hay un tratamiento diferenciado hacia residentes y trabajadores; por el otro, se discute si servicios públicos, como el transporte, pueden desarrollarse en espacios residenciales privados o semi-privados.

Las urbanizaciones cerradas son una forma residencial muy valorada por ciertos grupos sociales en muchas ciudades del mundo. Presentan aspectos positivos y negativos. En general los aspectos positivos son sólo beneficiosos para sus residentes, es decir, las familias que viven dentro de este tipo de barrio, por ejemplo, tener espacios amplios y verdes, vivir en contacto con la naturaleza y sin contaminación ambiental o sonora. Los aspectos negativos en general se refieren a las consecuencias que se generan para la ciudad o la sociedad en su conjunto. Aquí se pueden nombrar el cierre de calles, que ocasiona problemas de movilidad en la ciudad, o el reforzamiento de las diferencias sociales entre espacios que cuentan con servicios e infraestructura de muy buena calidad pero están disponibles sólo para unos pocos, y espacios carentes de buenos servicios e infraestructura, así como la tendencia privatizadora y el retraimiento de las responsabilidades del Estado. 

En Argentina, es el gobierno local quien decide si una urbanización cerrada puede ser construida o no. Según la legislación, una vez que el barrio privado ha sido construido, las calles pasan a ser propiedad del Estado, es decir son calles públicas. La excepción se da cuando el emprendedor inmobiliario “compra” las calles y por lo tanto éstas pasan a ser propiedad privada colectiva de los propietarios de un lote o vivienda en ese emprendimiento. Estos casos son excepciones porque implican un gasto mayor para la empresa privada que ocasionará mayores costos para los residentes y por lo tanto será una opción menos atractiva financieramente. 

Debido al carácter público de las calles internas, iniciativas tendientes a querer “abrir” el barrio privado son bastante recurrentes.  

El tema de la discriminación hacia los y las trabajadoras del barrio (empleadas domésticas, guardias de seguridad, y jardineros, entre otros) tampoco es algo nuevo. En mi investigación sobre estos temas, reflexiones y comentarios sobre abusos de autoridad y poder por parte de los residentes contra los guardias de seguridad han sido una constante. Los guardias manifiestan frecuentes amenazas por parte de adultos, adolescentes, niñas y niños, cuando tratan de poner en práctica las reglas internas (por ejemplo, exceso de velocidad). Las empleadas domésticas y trabajadores de la construcción se sienten discriminados al tener que usar “entradas de servicio” y ser “requisados” y controlados cada vez que salen del barrio. No se trata de una problemática que sólo se de en Argentina. En el 2011 y 2012, un debate similar sobre la discriminación de “las nanas” que trabajaban en urbanizaciones cerradas tuvo lugar en Santiago de Chile. 

Todas estas discusiones evidencian profundas diferencias sociales y una gran polarización social. Las diferencias entre el “nosotros/as” y “ellos/as”. Una distinción tan profunda e histórica vista en la polarización entre “negros” y “blancos” en Estados Unidos o Sudáfrica, o “blancos” e “indígenas” en América Latina, Nueva Zelanda y Australia.

En el debate reciente sobre Nordelta en Buenos Aires, llama la atención que estos dos sean los temas discutidos (discriminación y acceso del transporte público al barrio), cuando hay otro tema central por detrás que no puede ser evitado: ¿cuál es el rol del Estado en todo esto? ¿No es acaso el Estado quien debe asegurar que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas tengan acceso igualitario a los bienes y servicios que la ciudad ofrece y al cumplimiento de sus derechos sociales y políticos? ¿Qué tipo de regulación puede ejercer el Estado sobre los espacios privados, semi-privados y en este caso, públicos pero tratados como privados? 

Si el Estado no defiende el valor de lo público, es muy difícil que otros sectores y grupos lo hagan. Es responsabilidad del Estado garantizar una ciudad inclusiva para todas y todos los ciudadanos. 

* Socióloga urbana, docente e investigadora de la Universidad de Queensland, Australia.  

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