En Jujuy comenzó el juicio contravencional contra cuatro estudiantes y un docente que protestaron por el cierre de un instituto donde cursaban el ciclo secundario, y contra estudiantes universitarios que se solidarizaron. Los imputados denunciaron que se trata de una causa armada por la Justicia controlada por el gobierno de Gerardo Morales, por reclamar una respuesta a esa administración frente al cierre de los centros Ceija (Centro de Estudio Integral de Jóvenes Adultos), que dejó a cientos de jóvenes sin educación. Ante el Tribunal Contravencional 1, integrado por los mismos jueces que encarcelaron a Milagro Sala líder de la Tupac Amaru, ya declararon los primeros testigos de este proceso que finalizaría la semana próxima.

Valeria Chacón, docente de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Jujuy, dio testimonio sobre una de las imputadas, Valentina Melo, estudiante de Trabajo Social y militante del PTS. Chacón planteó que como docente ve cada año la deserción que deja a gran cantidad de estudiantes fuera de las aulas. También dijo que conocía a Valentina por haber sido su docente y que muchos estudiantes como ella “salieron a defender el derecho a recibirse, ignorado por el Gobierno que los persigue”.

Afuera del tribunal, estudiantes, docentes, trabajadores y organismos de derechos humanos se convocaron para denunciar que “el gobierno de Gerardo Morales y su Justicia están actuando de manera ilegal con otro juicio que sólo busca amedrentar a la juventud que se pone de pie”. Según señalaron, “esta vez estudiantes y docentes fueron puestos en el banquillo de los acusados solamente por defender su derecho de terminar el estudio secundario, en la provincia donde seis de cada diez estudiantes no llega a concluir ese nivel”. Realizaron un corte frente al juzgado del que participaron alumnos secundarios, estudiantes de Humanidades y Agrarias de la UNJu, docentes de los tres niveles, trabajadores del Ingenio La Esperanza, Inés Peña (Madres y Familiares de detenidos-desaparecidos) y los ex presos políticos Oscar Alfaro y Nora Ferreyra, junto a dirigentes y legisladores.