Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas
“Es una persecución ideológica”
Según Cremonte, la denuncia contra los camaristas Arias Gibert y Rodríguez Brunengo no resiste el menor análisis y se enmarca en un ataque general del Gobierno a la Justicia laboral. Hasta ahora siempre se desestimaron las denuncias.
El titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, rechazó las denuncias.El titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, rechazó las denuncias.El titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, rechazó las denuncias.El titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, rechazó las denuncias.El titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, rechazó las denuncias.
El titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, rechazó las denuncias. 

“Es una persecución ideológica a los jueces laborales, hay una política general del Gobierno que ataca de manera sistemática a las organizaciones sindicales, a la justicia laboral y a los abogados y abogadas laboralistas”, expresó Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, en diálogo con PáginaI12. Consultado sobre la denuncia de los abogados de la agencia estatal de noticias Télam contra los camaristas Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo, quienes ordenaron la reincorporación de los empleados cesanteados, Cremonte fue tajante: “Desde el punto de vista jurídico esta denuncia no resiste el menor análisis, nuevamente es un intento de disciplinamiento a los jueces laborales que se enmarca en un ataque general a la justicia del trabajo desde que asumió este gobierno. Viene planteando que la justicia laboral tiene que cambiar, intentó degradarla a justicia municipal, ya denunció a una decena de jueces laborales ante el Consejo de la Magistratura siempre por el contenido de sus sentencias, en ningún caso por irregularidades, ni mal desempeño de sus funciones ni mucho menos por cuestiones de corrupción, que serían las causales para iniciar un juicio político”. 

–¿Qué herramientas tiene el fuero laboral para defenderse, teniendo en cuenta que es una intromisión de un poder en otro?

–De hecho la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en pleno el año pasado emitió una resolución de rechazo a esta política en general, y al pedido de juicio político que era también contra Arias Gibert y otros jueces por distintas causas en particular, lo hizo repudiando esta actitud. Luego si efectivamente se da tramite cada juez deberán defenderse en esos procesos.

–¿Y desde la Asociación de Abogados Laboralistas qué pueden hacer?

–En cada uno de los casos que hasta ahora fueron denunciados contra jueces laborales actuamos, porque lo consideramos una persecución más general y una política que ataca en forma sistemática a la justicia del trabajo. Hacemos declaraciones generales pero además nos presentamos en cada uno de los expedientes para expresar nuestro rechazo a esas denuncias. Y pedimos que se archiven. Nos hemos reunido con diferentes presidentes del Consejo de la Magistratura para manifestarles nuestra preocupación por el tema. 

–¿Termina siendo una decisión política la continuidad de los jueces que fallan a favor de los trabajadores?

–Probablemente, pero aún así lo burdo de las denuncias hizo que hasta ahora se desestimen todas las que hubo a jueces laborales y camaristas de ese fuero desde 2016 hasta hoy en el Consejo de la Magistratura.

–¿Considera que las denuncias sólo tienen el objetivo de amedrentar?

–Si consideramos que es un organismo político, siguiendo su razonamiento, del que uno no deba esperar siempre resoluciones estrictamente jurídicas, lo cierto es que hasta ahora fueron desestimadas, o por lo burdas o porque hay un criterio general en el Consejo o jurisprudencia de que por el contenido de sus fallos no se puede sancionar a jueces. Son todos casos donde se cuestiona que en sus sentencias fallaron a favor de los trabajadores, y en casi todos los casos se trata de trabajadores del Estado, donde el Estado es el demandado. Ahora es Télam, pero otro fue del la ex Afsca, y en otro caso fue contra el ministerio de Trabajo porque se había negado a homologar un aumento salarias de La Bancaria, y también hubo un ataque a una jueza de primera instancia cuando dictó una cautelar a favor de los docentes, que ordenaba al ministerio de trabajo a convocar a la paritaria nacional. 

–¿Qué perspectiva hay de que esto siga así en la gestión de Cambiemos?

–Es una marcada política de ataque sistemático, recordemos las declaraciones oficiales sobre las mafias de abogados laboralistas, o las acusaciones referidas a la supuesta industria del juicio, contra sindicatos y la justicia laboral, un ataque contra todo lo que tenga que ver con la representación de los trabajadores, de algún modo para dejarlos desamparados. La razón de ser del derecho laboral, de la acción sindical y de la justicia del trabajo es entender que hay un sujeto que está desprotegido frente al empleador, y por eso estructura una rama y un fuero especializado para dar protección a esa parte débil de la relación laboral. La política del gobierno es desandar ese camino de protección de los trabajadores. La perspectiva no parece ser que vaya a cambiar, pensemos que hasta se desnudó cuál es su objetivo frente al mercado de trabajo y las relaciones laborales con el proyecto de reforma laboral que enviaron al Congreso el año pasado. Era un proyecto enorme, absolutamente regresivo para flexibilizar la legislación laboral. No hay razón entonces para esperar ningún cambio en tal sentido. 

–¿En qué estado está esa iniciativa?

–El proyecto de reforma laboral que enviaron el año pasado ellos mismos lo dieron por archivado porque este año presentaron tres proyectos como si hubieran desdoblado aquella gran reforma, pero que tampoco avanzaron. Entonces lo que sí se da es una flexibilización laboral de hecho: lo que no pudieron a través de una reforma lo hacen a través de los convenios colectivos cuando los empresarios y el gobierno logran imponer uno a la baja, pero también con la cantidad de despidos, de empleo en negro, aumentos salariales por debajo de la inflación. 

–¿Y autoridades laborales que siguen convalidando eso?

–Sí, más bien un degradado ministerio ahora secretaría al servicio de esa política.

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