La Cámara baja aprobó en general por amplia mayoría la ley antibarras, que aumenta las penas para los delitos cometidos durante un espectáculo deportivo, quienes le den entradas a personas con prohibición de ingreso a los estadios o quienes vendan entradas truchas. De todas formas, la falta de acuerdo en el articulado de la ley se expresó en la votación en particular, donde la oposición criticó la negativa del oficialismo de incorporar artículos específicos sobre medidas preventivas y el "tratamiento exprés" impulsado por el Gobierno tras el fallido operativo de la final de la Copa Libertadores.   

La iniciativa fue aprobada en general por 199 votos a favor, 1 abstención y 3 negativos para luego pasar al debate artículo por artículo, en el que la titular de la Comisión de Legislación General, Gabriela Burgos. Por acuerdo entre casi totdos los bloques, la normativa crea una base de datos unificada sobre antecedentes deportivos, como así también un Consejo Federal de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos.

Entre las diferencias marcadas por los legisladores de la oposición estuvieron la falta de medidas preventivas para evitar actor violentos en los eventos deportivos. "Si no tomamos medidas de prevención, lo único que vamos a hacer es aplicar una política punitivista", advirtió el diputado del Frente para la Victoria (FpV), Carlos Castagnetto, firmante del proyecto con dictamen de minoría en el que se incorporaban esas medidas. 

El tono punitivista del proyecto fue marcado por el diputado Adrián Grana del FpV, quien indicó que por la redacción de uno de los artículos podría "una persona llegar a la pena de ocho años por tirar un botellazo, la misma pena que se estipula para un asesinato". En ese sentido, Burgos descartó modificar la redacción, mientras que el diputado radical Gonzalo Del Cerro justificó que "es posible que un botellazo termine en un asesinato, no me parece redundante".  

El jefe del bloque del FpV, Agustín Rossi, criticó el oportunismo del Poder Ejecutivo al recordar que Macri "llegó a la presidencia conviviendo con los barrabravas" durante 8 años como presidente de Boca y exigió la incorporación en el articulado de la prohibición para que funcionarios públicos ejerzan cargos en las Comisiones Directivos, pedido en el que el FpV coincidía con la Coalición Cívica.  

El proyecto plantea incrementar en un tercio las penas mínimas y máximas prevista en el Código Penal para delitos como para delitos homicidio, lesiones, robo, bloqueo de calles o intimidación pública, cuando sean cometidos en oportunidad de un espectáculo deportivo.

Se establece una pena de dos a seis años de prisión para quien introduzca al estadio, guarde o porte armas blancas, artefactos químicos, pirotecnia, bengalas y químicos asfixiantes. También una pena de cuatro a ocho años de cárcel para el que introdujere o guardare armas de fuego o artefactos explosivos sin la debida autorización.

En otro de los artículos se fija una pena de uno a cuatro años de prisión al que, "mediante el empleo de violencia o intimidación, alterare el normal desarrollo de un espectáculo futbolístico" y, si el hecho fuera llevado a cabo entre dos o más personas, la pena será de dos a seis años.

Según el proyecto, los responsables de la emisión o distribución de entradas, organizadores o protagonistas que provean entradas a espectáculos futbolísticos a personas contempladas en la base unificada de datos y antecedentes, tendrán penas de uno a tres años de prisión.

La venta o distribución no autorizada de entradas tendrá una pena de uno a tres años de prisión y cuando del hecho participe un directivo del club o cualquier persona vinculada a la realización del evento, así como personas contempladas en la base de datos la pena será de tres a cinco años.

En tanto, la tenencia, venta y distribución de entradas falsas o adulteradas tendrá una pena de uno a tres años de prisión y, si la tenencia fuere con fines a distribución o comercialización, será de dos a seis años de prisión.