Es probable que el presidente Mauricio Macri brinde en las fiestas con alguna bebida espumante y cara. A diferencia de millones de argentinos, su condición económica se lo permite. No obstante, a la hora de los brindis el mandatario no tendrá mucho que festejar en este diciembre, si no es el recuerdo de la Cumbre del G-20. A la sucesión de fallos en contra que recibió de la Corte Suprema desde que resolvieron cambiar a su presidente por uno más afín a Macri, se le sumó ayer el fracaso estrepitoso de los proyectos que buscaba aprobar en sesiones extraordinarias. Además, debió sumar de apuro otras iniciativas –como la ley Micaela– que el Presidente no había considerado para esas sesiones hasta la denuncia de las actrices.

Bien visto, nada le salió bien a Macri en su convocatoria a extraordinarias. Ayer el Senado descartó tratar los dos proyectos que más le interesaban al Presidente: el régimen de financiamiento de los partidos políticos y la ley antibarras. El primero es una iniciativa que el PRO busca aprobar hace años y que tiene como núcleo central permitir que las empresas aporten a la campaña. Este año el macrismo enfrentó la causa por los aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires. Ningún funcionario público explicó de dónde había salido el dinero que se les adjudicó falsamente a titulares de programas sociales, monotributistas sociales. Hace algunas semanas, consiguieron que la causa pase a la Justicia electoral, más amigable al PRO.

En este caso, la iniciativa de reformar el financiamiento de la campaña fue bloqueada, entre otros, por una aliada oficialista: Elisa Carrió se opuso al proyecto enviado por el Presidente y ayudó a que no prosperara. 

Un camino más tortuoso siguió otro proyecto que, de forma intempestiva, luego de que se suspendiera la final River-Boca de la Copa Libertadores, Macri envió al Congreso: la ley antibarras. No sólo el Senado no se dignó a tratarla, sino que la Cámara de Diputados la llevó al naufragio en una sesión en la que fue aprobada en general pero, tras un extenso debate, volvió a comisión.

El motivo fue lo que muchos diputados describen como la mala redacción de la iniciativa, fogoneada por Patricia Bullrich. 

Quien propuso que volviera a comisión y se siguiera discutiendo fue otro aliado del macrismo, Martín Lousteau. Ayer el diputado calificó el proyecto como “un engendro jurídico”. “No podía prosperar porque estaba muy mal hecha. Las modificaciones la estaban empeorando severamente e incluso los propios diputados del oficialismo decían que había que hacer las cosas más rigurosas para solucionar el tema”, indicó. “Es preferible hacer las cosas con seriedad, porque después no tiene vuelta atrás: ha pasado que cuando se hace algo a las apuradas la otra cámara lo devuelve y entonces el trámite es más largo”, afirmó.

En el Senado, tanto el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, como el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, coincidieron en señalar que ambos temas serían tratados en febrero si el Ejecutivo convoca nuevamente a extraordinarias. Lo único que se aprobó en estos días fue la Ley Micaela, que Macri no había previsto para las sesiones extraordinarias hasta que la denuncia de las actrices y la presión de distintos sectores políticos lo obligó a recalcular para mostrarse en consonancia con “la revolución de las mujeres”, como él la llamó.

Si en el plano legislativo el oficialismo no las tiene todas consigo, no se puede decir nada mejor del plano judicial. El cambio en la presidencia de la Corte Suprema, donde reemplazaron a Ricardo Lorenzetti por Carlos Rosenkrantz, de mayor afinidad con la Casa Rosada, solo trajo fallos en contra del oficialismo. Luego de que consiguieran fijar –a contramano del criterio de Rosenkrantz– un cronograma de fallos, todos fueron tragos amargos, donde el nuevo presidente de la Corte quedó en minoría: desde fallos a favor de las provincias, pasando por la sentencia contra el 2x1 a represores, hasta el más reciente de las jubilaciones. La frutilla del postre fue despojarlo de la mayoría de sus funciones.