En la víspera, el Gobierno Nacional había adelantado que las boletas de luz del Área Metropolitana aumentarán en cuatro tramos, un 26 por ciento en febrero a causa de la reducción de subsidios a la generación, un 14 por ciento en marzo, por la suba de los ingresos de las distribuidoras, y luego un 4 por ciento en mayo y otro 4 en agosto.
De esa manera, el Gobierno había querido apurar las malas noticias, con anuncios de subas de transporte, luz y gas para 2019. Por su parte, la tarifa social que reciben casi el 30 por ciento de los hogares desde el año que viene quedará a cargo de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, con destino todavía incierto para usuarios del interior del país. Con ese cambio, el Gobierno Nacional se desentendería de un costo estimado de 25 mil millones de pesos anuales.
La agenda de aumentos de servicios públicos a cargo del Gobierno había establecido que el primer semestre de 2019 estaría cargado en materia inflacionaria, tras confirmar el incremento del 17 por ciento de la boleta de agua en enero.
El transporte, mientras tanto, subirá un 40 por ciento en el primer trimestre y el agua avanzará otro 27 por ciento en marzo, completando un total de casi el 50 por ciento. Además, el gas subiría un 35 por ciento en abril.
Uno de los méritos por los que Iguacel había llegado a la Secretaría de Energía era haber cumplido con creces la misión de denunciar penal y mediáticamente al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al empresario Lázaro Báez. Pero antes de arribar al cargo que ahora abandona, Iguacel se había desempeñado como titular de la Dirección Nacional de Vialidad, un área que durante su gestión absorbió más de la mitad de la totalidad del presupuesto del Ministerio de Transporte (26 mil millones de los 42 mil millones destinados a la cartera). En su declaración jurada de 2015 declaró un patrimonio de 6 millones de pesos, entre los que se encuentran nueve inmuebles, 2200 en acciones de YPF, 550 mil pesos en Uruguay y 1,5 millones en el Reino Unido.
Al igual que otros funcionarios, Iguacel formó parte del club de las offshores. Como reveló este diario, está vinculado a Pluspetrol Angola Corporation, radicada en las Islas Caimán.
Los trabajadores de Vialidad no tienen buen recuerdo de él: firmó el despido de más de 50 empleados y luego hizo oído sordos a los reclamos de reincorporación. Ya en Energía, el ahora exfuncionario no solo se encargó del rediseño del cuadro tarifario de Cambiemos sino también de hacer caer sobre las espaldas de los usuarios las pérdidas de las distribuidoras de gas producto de la devaluación del peso, medida que el propio gobierno debió revertir.
