Página/12 en Italia. Desde Roma. La insurrección contra la violación de los derechos humanos ha comenzado en Italia. Al menos eso parece desde hace dos días cuando varios municipios de distintas regiones del país, entre ellos Palermo (capital de la isla de Sicilia) y Nápoles (capital de la región Campaña), gobernados mayormente por políticos de centroizquierda, se han rebelado al "Decreto Seguridad". El decreto -hoy ley 132- para frenar a los inmigrantes, fue elaborado por el ministro del Interior y viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, líder del derechista partido la Liga. Los alcaldes de todos estos municipios dijeron que no aplicarán el llamado "decreto seguridad" por considerarlo antihumano y anticonstitucional y muchos piden una revisión de la ley, incluso consultando el parecer de la máxima autoridad en materia de leyes, la Corte Constitucional.

Todo comenzó cuando el alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, un siciliano de pura cepa, abogado, cinco veces alcalde de Palermo y varias veces parlamentario italiano y europeo, y cuya tarea se desarrolló siempre oponiéndose fuertemente al poder de la mafia siciliana (Cosa Nostra), con una nota enviada a las oficinas del registro civil dio orden de no aplicar en Palermo las medidas del "decreto seguridad". Entre otras cosas, esta ley establece que el permiso de estadía concedido a los inmigrantes que piden asilo es un documento de reconocimiento pero no les da derecho a una residencia, ni a una cédula de identidad ni al servicio médico público, cosas a las que antes tenían derecho.

 Salvini, quien ideó esta ley levantando la bandera de "primero los italianos"--como Trump con los estadounidenses--, al ver la insubordinación de los alcaldes se puso furioso. Y en su página de Facebook escribió: "Con todos los problemas que tiene Palermo, el alcalde izquierdoso piensa desobedecer sobre los migrantes...". Todos los municipios que no apliquen la ley como corresponde, subrayó además, "deberán responder legalmente o penalmente". Es decir, el ministro amenzó con hacerles pagar su osadía de alguna manera. Y no sería raro, como ya ha ocurrido en otros casos, que se trate de buscar los más recónditos errores o supuestos errores de cada municipio para hacer caer a los alcaldes insurrectos.

En rueda de prensa en Palermo, Orlando explicó que la actitud de él y los demás alcaldes "no es un acto de desobediencia civil ni de objeción de consciencia sino la aplicación de los derechos constitucionales que son garantizados a todos los que viven en nuestro país". Según el alcalde "estamos ante una medida criminógena", es decir, que puede favorecer la criminalidad. "Hay miles de personas que hoy residen legalmente en Italia, pagan las tasas y los aportes jubilatorios y dentro de algunas semanas estarán sin documentos. O sea, que serán ilegales. Esto significa incentivar la criminalidad, no prevenirla". Si se aplica esta ley, Orlando explicó que en 4 o 5 meses, unos 80 menores, que hoy estudian, trabajan y son huéspedes de comunidades donde viven bien integrados, cumplirán 18 años y en consecuencia pasarán a ser ilegales. "Hoy se empieza con los migrantes y después vienen los demás", dijo. Todos los regímenes de la historia, concluyó en tácita alusión a los regímenes dictatoriales como el fascismo o el nazismo, "siempre han empezado con una ley racial deshumana presentada como una ley de seguridad".

A la rebelión contra la ley 132 se unieron varios alcaldes de otras regiones como el de Nápoles, Luigi De Magistris, juez por muchos años y alcalde de Nápoles desde 2011. "Nosotros seguiremos concediendo la residencia a los migrantes, y para eso no hace falta una orden del alcalde porque en esta administración se interpretan las leyes de manera constitucional. Si hay una interpretación desviada o una voluntad política nacional que tiende a violar las leyes constitucionales o a discriminar en base a un motivo racial, nosotros no podemos hacer otra cosa que ir en una dirección completamente opuesta", declaró.

"Era hora que empezaran las protestas contra el decreto seguridad que, como se sabe, no prevé nada que estimule la seguridad. Nosotros advertimos hace tiempo que si se aplica el decreto, unos 5.000 migrantes quedarán en condiciones de irregulares en nuestro territorio", comentó la asesora a la inmigración de la región Piemonte (norte del País), Monica Cerutti. "Es necesario organizar una gran movilización que lleve a una urgente adecuación de la ley a la realidad", indicó por su parte el alcalde de Pescara (sobre el Adriático), Marco Alessandrini.

Giuseppe Sala, alcalde de Milán, la ciudad que es el corazón económico- financiero del país, le dijo a Salvini: "Ministro, escúchenos, revea el decreto seguridad porque así no funciona". Y las declaraciones de los alcaldes contra el decreto y pidiendo un encuentro con el ministro para rediscutir las medidas, se siguieron multiplicando durante toda la jornada, de Padua, de Cagliari, Bergamo, Alghero, Messina, entre otras ciudades.

En Palermo se hará hoy la primera manifestación pública contra el "decreto seguridad". Han adherido numerosas organizaciones no gubernamentales y políticos. "El Partido Democrático (PD, centroizquierda) apoya la batalla de los alcaldes y sostiene los valores que la inspiran. Valores que están inscriptos en la Constitución sobre la cual Salvini ha jurado, por lo visto sin haberla leído antes", comentó Matteo Orfini, presidente del PD. 

Pero claramente a la derecha no le gustó nada la reacción de los alcaldes, como por ejemplo al secretario de la Liga de la región del Veneto (norte de Italia), Gianantonio Da Re, que dijo que los acaldes se inventaron esta desobediencia "para tener espacio en los diarios". Otros dijeron que la desobediencia de los alcaldes era una "elección miope" y también que "era una aspirina para un muerto", entendiendo por muertos a los migrantes

Aprovechando la batalla oral que se llevó a cabo en todos los medios de difusión y en todo el país, la prensa italiana sacó a relucir declaraciones del propio Salvini de 2016, cuando era secretario de la Liga pero no ministro, en las que invitaba a sus correligionarios a no respetar una ley, tal como ahora están haciendo los intendentes. En aquel momento se trató de la ley que legalizaba el matrimonio gay. Y Salvini dijo en aquel momento que "los alcaldes de la Liga no deben aplicar una ley equivocada. A los alcaldes de la Liga les digo: ¡desobedezcan, no celebren los matrimonios gay!", dado que Italia es el alcalde, o su representante, quien celebra los casamientos civiles. Pero nada ocurrió en ese momento.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se dijo dispuesto a tener un encuentro con los alcaldes pero Salvini, que en Facebook los llamó "amigos de los clandestinos y traidores de los italianos", no parece muy convencido.