La defensa de la dirigente de la Tupac pidió su absolución en la causa Pibes Villeros
“El juicio demuestra la persecución a Sala”
En su alegato, la defensa de Milagro Sala señaló que “la fiscalía no logró determinar cuándo ni cómo se cometieron los supuestos delitos”. También apuntó que la acusación “sólo se basa en testimonios de denunciantes que acabaron beneficiados por el gobierno”.
La causa conocida como Pibes Villeros es el cuarto proceso contra la dirigente social.La causa conocida como Pibes Villeros es el cuarto proceso contra la dirigente social.La causa conocida como Pibes Villeros es el cuarto proceso contra la dirigente social.La causa conocida como Pibes Villeros es el cuarto proceso contra la dirigente social.La causa conocida como Pibes Villeros es el cuarto proceso contra la dirigente social.
La causa conocida como Pibes Villeros es el cuarto proceso contra la dirigente social. 
Imagen: NA

La defensa de Milagro Sala solicitó su absolución en el cuarto juicio que se le sigue a la dirigente social en tierras jujeñas, en esta ocasión por malversación de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas. En la megacausa que se repasa desde julio pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 3, conocida como Pibes Villeros, hay 30 acusados –integrantes de cooperativas constructoras, referentes de organizaciones sociales jujeñas y funcionarios locales– de cometer diversas acciones en el desvío de esos fondos. A Sala la acusan de ordenar esos desvíos, a fuerza incluso de amenazas, y de posibilitar que ese dinero termine en la Quinta de Olivos, en tiempos en los que Cristina Fernández de Kirchner era presidenta, o en manos de dirigentes de La Cámpora. “La fiscalía no logró determinar efectivamente cuándo ni cómo se cometieron esos supuestos delitos. Solo se basa en testimonios de denunciantes que acabaron beneficiados por el gobierno de Jujuy tras haber involucrado a Milagro”, apuntó uno de los abogados de la referente de la Tupac, Luis Paz. Se espera que la sentencia se conozca a mediados de mes.

El alegato de la defensa de Sala estuvo a cargo de Paz y Matías Duarte, integrantes del equipo letrado que trabaja en la defensa de los miembros de la Tupac. Los abogados consideraron que Sala debe ser absuelta por no haber pruebas suficientes que acrediten los delitos que en el marco de la megacausa Pibes Villeros se le endilgan: asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado. 

“Este juicio, al igual que la causa completa y que el resto de las causas que le armaron a Milagro, no hace más que demostrar la persecución de la que fue y es víctima”, advirtió el letrado. La de Pibes Villeros es “una ficha fundamental” en la situación procesal de la dirigente, que el próximo 16 de enero cumple tres años de encierro sin condena firme. Paz, en ese sentido, observó un “modus operandi” en el “armado político” de expedientes judiciales contra la dirigente social, similar al que la semana pasada denunció Elizabeth Gómez Alcorta en el juicio por la Balacera de Azopardo, que culminó con la absolución de Sala: testimonios de personas que “se benefician directamente una vez que involucran a Milagro en delitos”, escasa prueba documental, involucramiento del poder político en la cuestión. “Pero se está cayendo. Y que tenga cuidado Morales porque puede ser muy peligroso para su gobierno, que basó su campaña en que Milagro era la responsable de todos los males de Jujuy y con ella encerrada hace tres años, la provincia sigue estancada en el desempleo y la pobreza”, culminó. El debate por Pibes Villeros es el único juicio que se está desarrollando en la provincia. Al igual que sucedió en invierno, cuando comenzó, el Poder Judicial jujeño solo habilitó la feria para su desarrollo. Juicios por crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, han sido suspendidos por receso estival. 

Sala está imputada en una de las tres causas que, combinadas, llegaron a debate oral el pasado 25 de julio. Esa causa está construida en base a la filmación de una cámara de seguridad de la sede jujeña del Banco Nación en la que se ve a tres integrantes de cooperativas de vivienda retirando dinero en bolsos. La Fiscalía involucró a la dirigente respaldada en la denuncia de nueve dirigentes cooperativistas que la responsabilizaron por los supuestos desvíos de fondos de los que ellos mismos se declararon culpables.

“Esos denunciantes se reúnen con la fiscal (Liliana Fernández de Montiel, quien instruyó todas las investigaciones judiciales en contra de Sala y que, en esta ocasión, también fue habilitada para ejercer como fiscal ante el tribunal oral) y se autoincriminan: le manifiestan que habían sido obligados por Sala a facturar por obras que ellos no hacían”, destacó Paz en diálogo con PáginaI12. La ex dirigente tupaquera y diputada provincial Mabel Balconte también aportó su versión: fue la que denunció en la instrucción que el dinero que cobraba por la construcción de viviendas era llevado a la casa de Sala y, de allí, transportado por la dirigente a la Quinta de Olivos o entregado a referentes de La Cámpora como Andrés “Cuervo” Larroque. 

Aquí toma preponderancia el “contexto temporal y político” de los hechos en juicio, uno de los pilares del alegato de los abogados de Sala. “Era importante para nosotros inscribir el inicio de estas causas en un contexto: el inicio del gobierno de Gerardo Morales, su falta respuesta a los reclamos de la Red de Organizaciones Sociales por la continuidad de 16 mil puestos de trabajo, el acampe que esa red llevó a cabo frente a la gobernación en diciembre de 2015, y cómo allí nacen las denuncias que acaban con Sala detenida”, enumeró Paz. Y señaló: “El 14 de enero de 2016, nueve ex integrantes de cooperativas de la red, que ya habían abandonado el acampe, concurrieron en San Pedro, en Jujuy, a una reunión con Morales. El viernes 15 de enero, estas personas se reúnen con la fiscal, se autoincriminan y denuncian a Sala. La fiscal pide su detención al juez de feria”. Milagro fue detenida al día siguiente.

Esos dirigentes se convirtieron, dos años después, en testigos estelares del juicio que está en etapa de alegatos. “No solo no fueron imputados por los delitos que confesaron, por supuesto que no fueron investigados, sino que además fueron beneficiados con obras habitacionales por parte del Instituto de la Vivienda de Jujuy, presidido por Walter Morales”, denunció el abogado.

Los testimonios de esas personas son “la única prueba” con la que contó la Fiscalía para sostener la acusación de Sala. “Toda la prueba documental que presentaron son fotocopias, característica que invalida esos papeles”, contó Paz. La Fiscalía comenzó y culminó el debate “sin poder acreditar cuándo ni cómo se constituyó la asociación ilícita” de la que acusan a Sala.

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