Presupuesto social en España

El gobierno español del socialista Pedro Sánchez aprobó ayer su proyecto presupuestario para 2019, que fue presentado como “el más social de la historia” y con el que intentará ganarse en los próximos meses el difícil apoyo de los secesionistas catalanes para mantenerse en el poder. El plan se basa en lo acordado con la coalición de izquierda Unidos Podemos en octubre y contempla una recaudación récord de 227.356 millones de euros, un 9,5 por ciento más que el año anterior. Esto se basa en una suba de impuestos a los ingresos más altos, sobre la base de una previsión de crecimiento del 2,2 por ciento, una décima menos de lo estimado en la anterior revisión. En su presentación, el Ejecutivo socialista destacó el incremento de las partidas destinadas al gasto social, que aumentaron unos 12.000 millones de euros respecto al anterior período, y también hizo un guiño a Cataluña con un aumento de la inversión del 18 por ciento    –unos 800 millones de euros–, que reclamaban los independentistas. “Son unos presupuestos sociales que buscan equilibrio, convivencia y unión”, aseguró la vocera del Ejecutivo socialista, Isabel Celaá, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros en Madrid. El proyecto llegará el lunes al Congreso de los Diputados, donde no cuenta todavía con ningún respaldo más allá de los 85 diputados con los que Sánchez gobierna en minoría, ya que hasta Podemos puso en duda su respaldo ante el “incumplimiento” de algunas de las medidas pactadas, entre ellas la promesa de limitar los precios del alquiler o de la luz. La primera votación sobre los presupuestos está prevista para mediados de febrero, plazo en el que Sánchez buscará romper la resistencia de los secesionistas, quienes se encuentran divididos respecto a la conveniencia o no de apoyarlo, puesto que un fracaso podría derivar en un adelanto electoral. 

Los independentistas siguen reclamando “gestos políticos” con los líderes secesionistas presos a punto de enfrenar un juicio por rebelión con penas de hasta 25 años de prisión, pero los socialistas confían en que el contenido social y las inversiones previstas en el presupuesto serán un incentivo que al menos permitirá abrir el debate parlamentario. 

Asimismo, Sánchez sabe que buena parte de los dirigentes secesionistas no quieren correr el riesgo de que unos eventuales comicios abran la puerta a un gobierno de mayoría de derechas con respaldo del partido ultraderechista Vox, similar al acuerdo que se urgió en Andalucía, porque llevaría a un escenario de mayor confrontación.

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