En una férrea defensa al discurso punitivista que impulsan desde el gobierno de Cambiemos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano le puso fecha al proyecto de baja de edad de imputabilidad y creación de un régimen penal juvenil. El funcionario confirmó que en febrero buscará obtener el consenso necesario para aprobar en ambas cámara la cuestionada iniciativa, que intenta llevar a 15 años la edad para condenar a adolescentes que cometan delitos graves. Quien lidera el ministerio que debe proteger los derechos humanos celebró también la condena que recibió la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, a 13 años de prisión.

"Esperemos que salga. En febrero vamos a tener reuniones que se están programando, el 19 hay una reunión con actores del oficialismo y la oposición para que cuando el proyecto llegue al Congreso sea con consensos", puntualizó Garavano. Para justificar su apoyo a una medida que se alínea con la política de mano dura del ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, subrayó que la iniciativa "se trata de un nuevo régimen penal juvenil, no es sólo la baja de edad".

El proyecto ya reunió críticas de especialistas, organizaciones de derechos humanos y hasta organismos internacionales porque sostienen que lo único que logra es estigmatizar a los adolescentes y generar más violencia. Para Amnistía Internacional, la medida “representa un retroceso contrario a los principios internacionales de derechos humanos”, que no tiene en cuenta las observaciones a Argentina de junio de 2018 por parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. 

Sin embargo, Garavano prefiere hablar de un “cambio de paradigma”. "Hay un abordaje distinto a los jóvenes que cometen delitos y un abordaje especial para los jóvenes inimputables. Estamos ante un cambio de paradigma", remarcó Garavano en diálogo con Radio Continental. En ese sentido, el ministro de Justicia advirtió que "una de las grandes deudas de la democracia ha sido la seguridad y la responsabilidad, han sido como un tabú". 

"Este Gobierno ha logrado empezar a cambiarlo fuertemente y generar este cambio de paradigma: uno puede ser eficiente en la persecución del delito sin afectar las garantías que todos tenemos", insistió el funcionario. En ese marco, se refirió al fallo reciente de la Justicia jujeña que condenó a Sala la semana pasada, durante un proceso judicial cuestionado por la Defensa por la discrecionalidad de la Fiscalía en la recolección de pruebas. 

"Eso marca este cambio que el Gobierno ha logrado impulsar y de a poco concretar para empezar a terminar con la impunidad que ha reinado en la Argentina y que sin importar el lugar que cada uno ocupe sea responsable ante la Justicia de sus actos", afirmó el ministro, sin reparar en que la causa todavía no tiene sentencia firme y que la resolución judicial será apelada por la defensa. 

El integrante del Gabinete rechazó las vinculaciones que hicieron dirigentes de la oposición respecto al fallo judicial y negó que Sala sea una presa política. "El Gobierno ha dado libertad a la Justicia. Lo que sí ha hecho fue proveer la información requerida o los medios adecuados, incluso las leyes adecuadas, para avanzar en las investigaciones", manifestó.