El 44 por ciento de las concesiones tiene algún tipo de irregularidad
Las otras audiencias que el PRO evita hacer

Al analizar la situación de 259 concesiones, la titular de la Auditoría General porteña, Cecilia Segura, precisó que “entre las que están vencidas, que son 88, las adjudicadas por decreto, sin licitación, son 11, y las que tienen permisos precarios son 16”. De tal manera, las licitaciones de la Ciudad que tienen “algún tipo de irregularidad representan el 44 por ciento, 115 sobre 259”.
Por su parte, Buenos Aires Design tiene una superficie de 26.000 metros cuadrados y cuenta con una disponibilidad para alquilar de 14.592 metros cuadrados. En la actualidad, el valor del canon mensual que abona Emprendimientos Recoleta S.A. es de 220.000 pesos. Esto significa que el canon que paga es “cuatro millones de pesos inferior al precio de mercado para un predio de esas características en ese lugar de la ciudad”.
Segura analizó también el caso de GEA 8 S.A., una empresa creada en abril de 2008. Meses después, mediante decreto 963/2009, el jefe de gobierno de entonces, Mauricio Macri, le otorgó el permiso de uso precario oneroso de once playas de estacionamiento bajo autopista por las cuales paga un canon mensual de 253 mil pesos, por alrededor de 45 mil metros de superficie de bajo autopista.
Segura sostuvo que grosso modo, la empresa paga 3 millones de pesos anuales por 2.300 cocheras (estimaciones propias), es decir 1.300 pesos anuales por cochera (valor de mercado correspondiente a un solo mes), cuando una cochera en el mercado puede costar alrededor de 15.000 / 20.000 anuales”.
Por otro lado, comentó que desde 1991, dos empresas tienen la exclusividad del negocio del acarreo de autos en la Ciudad de Buenos Aires: Dakota S.A. y BRD Sacifi, a través de un contrato que firmaron con el entonces intendente Carlos Grosso. El contrato de concesión, válido por 10 años, terminó en 2001. Sin embargo, desde hace 15 años las mismas dos empresas han seguido trabajando con exclusividad en la ciudad en base a prórrogas, sin intervención de la Legislatura.
 Desde 2007, el entonces gobierno de Jorge Telerman “comenzó a subsidiar escandalosamente a estas empresas”. Por una lado, comenzó a pagarles un adicional equivalente al 20 por ciento del sueldo básico de convenio de trabajadores de estas empresas (afiliados al gremio de camioneros); y por otro empezó a pagar las horas que la Policía Federal les cobraba a las empresas como adicionales.
En ese entonces el argumento fue que la tarifa estaba congelada desde los 90 y las empresas no podían enfrentar los nuevos costos, sin embargo, durante el gobierno de Macri, y pese a que la tarifa de acarreo creció cerca de un 500 por ciento, este acuerdo se mantuvo. En noviembre de 2011 la Legislatura sancionó una ley que ordenaba una nueva licitación, en diciembre de 2013 se aprobó otra ley que modifica la anterior. El llamado a licitación se hizo finalmente en 2014, pero el proceso licitatorio está detenido. Todo se solucionaría si el Gobierno llama a audiencia pública, pero no lo hace. 

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