Diversas personalidades de la cultura solicitaron que la mayor colección de carteles políticos del país no sea expatriada y se convierta en  dominio público, tras la confirmación de su venta a una fundación extranjera. Se trata del archivo que durante décadas organizó Juan Carlos Romero, un artista plástico que murió en 2017, a los 87 años. La colección abarca unas 2 mil piezas, e incluye afiches, volantes y publicaciones. Los herederos vendieron el denominado “Archivo del artista Juan Carlos Romero” a fines del año pasado y la operación encendió las luces de alarma.

La Red Conceptualismos del Sur, una plataforma de investigación, discusión y toma de posición colectiva desde América latina, se dirigió por carta a la Cancillería, al Ministerio de Justicia y al Archivo General de la Nación  para denunciar que la venta al exterior del archivo de Romero “lo privatiza” y lo aleja del contacto con el público. Aun no recibieron respuesta.

Mientras tanto, la galería que concretó la venta se negó a revelar quién había comprado la colección y por cuánto. Tampoco dijo si el material sigue en el país o ya se encuentra en el exterior. Los intermediarios solo confirmaron que se trató de una operación privada y que los herederos evaluaron diversas ofertas. Inclusive sostienen que se cumplió la voluntad de Romero, quien habría pedido que su colección integrara una institución internacional que lo preservara.

La Red, por su parte, afirma que Romero quería que el archivo se quedase en el país para garantizar su accesibilidad. Es más, se organizó la Asociación Civil Archivo del Artista Juan Carlos Romero” para catalogar y digitalizar todo el material, para lo cual se llegó a comprar un inmueble.

Entre las piezas de la colección figuran afiches de defensa de la Revolución Cubana, del sandinismo nicaragüense y de Palestina. El más antiguo es un afiche falangista, de 1930. Romero armó la colección de manera muy artesanal, arrancando afiches de la calle, comprándolos en librerías o participando en diferentes manifestaciones.

Quienes objetan la venta de la colección, lamentan también que no haya una ley que ampare a los archivos y sospechan que puedo haber irregularidades en la venta de la colección, algo que los intermediarios niegan.