La política de enajenación de infraestructura deportiva que plantea el gobierno nacional con el objetivo de juntar recursos para pagar los intereses de la deuda externa, no puede separarse de otras decisiones estatales que afectan al área que hasta ahora conduce Diógenes de Urquiza Anchorena. Una de ellas es el tarifazo que, según el presidente de la CAD, Rodolfo Paverini “apunta a un plan sistemático para hacer desaparecer a los clubes de barrio por el incalculable valor que tienen las propiedades sobre las que están asentados”.
Ironía del destino, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal abrieron su campaña electoral en 2011 para la jefatura y vice-jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el club 17 de agosto, de Villa Pueyrredón. Uno de los casi 20 mil clubes barriales de todo el país afectados por la suba de las tarifas de los servicios públicos. Muchos sobreviven de modo penoso. Cambiaron hasta los horarios de sus actividades de la noche al día o cerraron algunas porque no pueden sostenerlas. Otros, muy solidarios, les prestan sus instalaciones a clubes que están peor y ya sufrieron el corte de un servicio esencial, como el gas o la luz. Es el caso de Franja de Oro ubicado en el barrio de Pompeya que colabora de esa manera.
Como todo tiene que ver con todo, la lucha por la supervivencia se extiende a la pelea contra la instalación de las sociedades anónimas deportivas en los clubes. En eso están las instituciones civiles sin fines de lucro que dan contención a miles de chicos y abuelos que ven restringidas sus actividades recreativas. O lo que es peor, ya no van a esos clubes para jugar al fútbol o a las bochas. Lo hacen para saber si funciona un comedor comunitario.
