El 18 de diciembre del año pasado se aprobó la Ley Micaela, que obliga a todos los integrantes de los tres poderes del Estado Nacional –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– a que se capaciten obligatoriamente en género.

El proyecto de ley fue incluido en sesiones extraordinarias, debido a la gran presión popular, la fuerza de las redes y los hechos de violencia de género suscitados el último año, ya que es probable que no hubiese sido tratada (por cierto no estaba inicialmente incluida en los proyectos a tratar).

La ley lleva el nombre de Micaela García, militante feminista, quien fuera víctima de femicidio en 2017, a manos de un hombre que había sido liberado por un juez que no tuvo en cuenta los múltiples casos de violaciones por los cuales estaba preso.  

Desde ya, estamos de acuerdo con que estamos presenciando un verdadero cambio de paradigma cultural en materia de equidad de género, de la forma en que la sociedad percibe a los géneros y combate la desigualdad que de las relaciones tradicionales se derivan, y esto en mayor preponderancia y contundencia en las nuevas generaciones (millennials, centennials). El cambio viene de la mano inexorablemente, de educación, de capacitación, de entender e internalizar que los micromachismos y los maximachismos se cometen a diario en ámbitos laborales, que las mujeres sufrimos en lo cotidiano de violencias verbal, gestual, sexual. La capacitación y la educación en la materia es el único camino para dejar atrás una sociedad patriarcal y pasar a una más equitativa y justa.

Ahora bien, aunque todavía la ley no ha sido reglamentada, ya vemos que su ámbito de aplicación se circunscribe a los poderes estatales nacionales e invita a la ciudad autónoma y a las provincias a adherirse. Lo cierto es que este tipo de capacitaciones deberían ser obligatorias para todo el Estado en su conjunto, para las empresas estatales, provincias y municipios. A diario vemos como desde diferentes organismos públicos se cometen severos errores en materia de género, que logramos conocer a través de las redes sociales.

También deberán tomar nota en materia de capacitación las empresas privadas, gremios y partidos políticos: hoy un candidato que se postula a un cargo electivo que no tenga en su visión, comunicación y armado político una posición con perspectiva de género tropezará y será marginado de acuerdo con las principales consultoras de comunicación y marketing político. Recordemos que la equidad de género de un país es un indicador del nivel de democracia y representatividad de su población y, en este sentido, es hoy visible la demanda social de la ciudadanía femenina y de identidades disidentes en todos los aspectos incluyendo la participación y representación política.

Así también las empresas privadas en los nuevos formatos de trabajo desde la sustentabilidad y en cumplimiento de la agenda 2030 de la ONU, se transforman hoy en nuevos actores sociales donde su rol de incidencia en la vida de las personas, ya no es algo privado sino que debe tener un impacto y responsabilidad social.

La perspectiva de género y sus capacitaciones ayudarán a las organizaciones estatales y privadas a erradicar la violencia machista, discriminación, acoso y lógicamente, permitirá que más mujeres logren ascender en la estructura, para cubrir puestos de decisión, en suma, generar una verdadera democracia. Hay enorme evidencia de como las estructuras tradicionales han relegado a las mujeres en términos de ocupar puestos de decisión. La masiva incorporación de mujeres al mercado laboral y su mayor capacitación versus las de los varones se traduce en términos de nuevos cambios de paradigma urgentes. 

Por ello, entendemos que desde los municipios debe iniciarse esta tarea, que implica desde ya contemplar presupuestos con mirada de género y con partidas que puedan verdaderamente abordar lo presupuestado. Entre los expertos de género, es notable que los municipios representan la puerta de entrada de una verdadera transversalización de género en el Estado, más que de las estructuras superiores que son más resistentes y refractarias a los cambios.

Sin lugar a dudas, permitirá más pronto que tarde que la estadística de mujeres intendentas abandone el triste porcentaje del 11% en todo el país, sin dejar de mencionar que varias provincias argentinas ni siquiera cuentan con una intendenta  en todo su distrito.

Claramente hay mucho por hacer, esperemos que el oportunismo eleccionario no convierta esta necesidad en un eslogan de campaña, sino que el cambio sea profundo y definitivo. 

Lina Anllo. abogada especialista en Compliance con perspectiva de género. Presidenta del capítulo argentino de la World Compliance Association. 

Cintia González Oviedo. consultora en género y comunicaciones.