La sensibilidad social te la debo

Manual de narrativa macrista, capítulo uno. Urda un bolazo despreciativo que denigre a la vez a personas humildes y al kirchnerismo. Adórnelo con medio dato, no comprobado. Repítalo hasta la saciedad, aderécelo con ironías y sarcasmos. Hablamos, por ejemplo, de las pensiones por discapacidad contra las que el Gobierno vuelve a embestir. Se denuncian fraudes gigantescos, se volean cifras absurdas. El sentido común construido previamente sirve de abono para que florezcan cien embustes.

Uno de los más trillados es la explosión de beneficiarias (en particular) y beneficiarios a partir de 2003, en la presidencia de Néstor Kirchner. ¿Hubo una epidemia que generó incapacidades a granel? Ja, ja, ríen comunicadores famosos. La burla encubre mala información. 

Durante largos años de la presidencia de Carlos Menem y en toda la de Fernando de la Rúa no se otorgaron “altas” de pensiones a personas necesitadas. Por ponerlo fácil: se congelaron las vacantes. Los nuevos beneficios solo se concedían contra una “baja”: alguien que dejaba de recibirlo. Burocracia macabra y poco protectora, la de esa etapa venturosa.

Kirchner ordenó revisar y atender la (literalmente) millonada de reclamos cajoneados a la espera de respuesta. Se otorgaron muchísimos. 

Para hablar de otro caso: las pensiones para mamás con 7 hijos o más pasaron de 58.752 en diciembre de 2003 a 312.543 nueve años después. No fueron consecuencia de un brote de fertilidad ni de fraudes (muy complicados para ese tipo de cobertura, pienseló): sencillamente se amparó a quien lo necesitaba.

Resucita el paradigma inverso y Desarrollo Social sale a cazar infractores.. Funcionarios se regodean porque (según su mirada sospechosa) hay 10.000 casos irregulares en pensiones por discapacidad... menos del uno por ciento del padrón total.

Gente muerta que cobra, alegan funcionarios de PRO, pasando por alto que el Estado registra las muertes. Un sencillo cruce de información zanjaría el problema. Los reyes de la big data quedan en off side. No les hace mella porque el objetivo es confundir y desproteger…

También redistribuir partidas dentro del Presupuesto e ingresos dentro de la pirámide social. A menos “gasto” en pensiones mayor desahogo para transferir fortunas a las concesionarias de servicios públicos. Pobres criaturas desamparadas, Guillermo Lopetegui les envió una carta pública compasiva, un insulto para millones de argentinos con necesidades básicas insatisfechas.

Los cortes de luz viven y colean, los CEOs de Cambiemos palmean la espalda y llenan los bolsillos de las empresas que lucran más, sin invertir ni mejorar el servicio.

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El imbatible ex ministro de Energía Juan José Aranguren defendió a capa y espada a las super ganancias de los concesionarios versus los derechos de los ciudadanos-consumidores. “La energía no es un derecho humano”, explicó. Hasta ahí tiene razón. 

La energía es una “cosa” para el Código Civil. El acceso a la energía es un derecho social y humano. Aranguren se expresa como un ignorante cuando habla de cuestiones públicas. Ningún derecho es absoluto o ilimitado. El acceso a bienes imprescindibles para el patrimonio de un ciudadano en el siglo XXI puede no ser gratuito pero sí debe estar a su alcance.

Las gasas y vacunas no son un derecho humano, don Juanjo. El acceso a la salud  sí. Muchas cosas hay en el cielo y en la tierra más allá de la filosofía cambiemita y el lucro descontrolado. 

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Al cierre de esta nota uno ignora qué tal funcionan los sanitarios de la Cámara de Comercio. En cualquier caso, una de sus salas dictó un fallo que huele mal. Impidió la apertura de una cuenta sueldo para abonar de modo legal salarios y retribuciones de los trabajadores del canal de cable C5N.

El tribunal tramita la quiebra que “desapodera” a la empresa: le quita el manejo de su patrimonio para preservar los créditos de los acreedores. Entre ellos son “privilegiados” (con mejores derechos) primero los trabajadores y luego el Fisco. 

Los motivos para la tutela laboral son evidentes; la conservación de las fuentes de trabajo y la posibilidad de generar recursos para la masa de acreedores.

La Cámara dejó desvalidos a los laburantes. Si se les quiere pagar, deberá hacerse de modo tortuoso, violando normas. Si a usted le parece nefasto que una sentencia imponga ese camino, no culpe a este cronista.

La barrabasada es gigantesca. Tanto que impide analizarla como un “mero” disparate jurídico, sin pensar en un designio político oculto. O no tanto. En un año electoral, acallar voces opositoras es maná para el macrismo, una de cuyas alas es el sector dominante del Poder Judicial (ver asimismo nota aparte).

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