El fiscal de la Cámara Federal de Rosario Claudio Palacín ratificó las imputaciones contra el juez federal Nº 1 de Santa Fe Reinaldo Rodríguez en una causa por supuesto "fraude en perjuicio del Estado", "prevaricato" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", que su colega de Rosario, el juez federal Nº4 Marcelo Bailaque, ordenó cerrar y mandar al archivo. En una audiencia que se realizó esta semana, Palacín pidió a la Cámara que revoque la resolución de Bailaque y habilite la indagatoria del imputado, tal como lo solicitó el fiscal Nº 2 de Santa Fe Walter Rodríguez, hace ya un año, el 9 de febrero de 2018. Desde entonces, se sucedieron en el proceso el juez federal Nº 2 de Santa Fe Francisco Miño, quien ordenó la indagatoria pero fue recusado, el juez federal de Rafaela Miguel Abásolo, que también se apartó y Bailaque, que anuló el decreto de Miño y dispuso el archivo de las actuaciones. El fiscal de primera instancia apeló, Palacín mantuvo el recurso a pesar de que antes había intentado desligarse por su "trato" con Rodríguez, así que ahora la Cámara deberá resolver si cierra la causa -como decidió Bailaque- o profundiza las investigaciones. En el incidente, interviene la sala B, integrada por la jueza Elida Vidal y su par de la Sala A, Fernando Barbará.

La investigación fue ordenada por el Tribunal Oral de Santa Fe en octubre de 2017, tras condenar a dos años y diez meses de prisión a un inversionista, Miguel Dubarry y a su abogado, Carlos Clerc, por "defraudación" al Estado, en una maniobra con títulos públicos en default, comprados después de la crisis de 2001 y cobrados a valor nominal por un monto de casi 700 mil pesos, en marzo de 2005. El pago lo ordenó el juez Rodríguez. El juicio reveló el "plan" para cobrar los bonos. El "primer paso" fue incorporar al amparo al suegro de Dubarry, una persona mayor de salud frágil, y el "segundo" fraguarle un domicilio falso para radicar la demanda ante el Juzgado de Rodríguez. El Tribunal consideró como "indicio del ardid" la forma en que se judicializó el DNI trucho del anciano, subrayó la "relación" entre Clerc y el juez y valoró un cruce de llamadas telefónicas entre ambos, dos de ellas a un departamento del macrocentro, donde vivía el magistrado. "Se concibe así la maniobra ardidosa desde la relación entre Clerc y el juez federal Nº 1. No existe otra situación personal, familiar, profesional, cultural o histórica que relacione a los imputados con la ciudad de Santa Fe o su zona de influencia", dijo el Tribunal.

La Cámara deberá resolver si cierra la causa o profundiza las investigaciones. Deciden Elida Vidal y Fernando Barbará.

"Estos indicios, coincidentes y concordantes, evidencian el conocimiento que tenía Clerc del criterio del magistrado respecto de la competencia territorial y por ello necesitó acreditar el domicilio real del amparista" en un baldío de Rafaela y "así interponer la acción en su juzgado", agregó el Tribunal. Y remitió a la Fiscalía, las pruebas valoradas en el juicio a Dubarry y Clerc, entre ellas "los registros de las comunicaciones telefónicas" y el "soporte digital del debate" para que "se profundice la investigación ante la presunta intervención de otras personas" en los hechos.

El 9 de febrero de 2018, el fiscal imputó a Rodríguez por presunto "fraude en perjuicio de la administración pública", "prevaricato" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y solicitó su indagatoria. Miño la ordenó el 6 de abril. Y cuatro meses después, el 29 de agosto, Bailaque desestimó la denuncia, anuló el llamado y dispuso el "archivo de las actuaciones" porque a su juicio "no existe estado de sospecha fundado" para indagar a Rodríguez.

En el recurso de apelación, el fiscal Palacín impugnó cierre de la causa que dispuso Bailaque, a quien le atribuyó una lectura fragmentada y arbitraria de la prueba y una interpretación tendenciosa y antojadiza de los elementos reunidos en el proceso. Bailaque había dicho que "el tema central radica en determinar la entidad probatoria" de las llamadas telefónicas ofrecidas por la Fiscalía "como prueba para determinar que hubo una suerte de connivencia previa" entre Clerc y Rodríguez. Y entendió que el cruce no generaba "sospechas suficientes" para indagar al juez.

En cambio, el fiscal Palacín consideró que Bailaque se limitó a un análisis restringido de los hechos y, sobre todo, soslayó los elementos probatorios que surgen de la sentencia del Tribunal Oral de Santa Fe en el juicio a Dubarry y Clerc y los términos en que se pronunciaron los jueces Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello en su fallo de octubre de 2017.