Desde Santa Fe
Las dudas que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Angélica Gastaldi, deslizó ante los apoderados de los partidos políticos sobre la "legalidad" de la consulta popular convocada por Miguel Lifschitz por el decreto 4208/18 para que los santafesinos se pronuncien sobre la reforma de la Constitución de Santa Fe ya tienen su efecto. El apoderado de PAIS, Néstor Darío Deschi, impugnó ayer la convocatoria del gobernador y le pidió al Tribunal Electoral de la provincia -que también preside Gastaldi- que la anule.
El argumento es que Lifschitz carece de potestad para "organizar" la consulta y, menos, asignarle al Tribunal Electoral "funciones que la ley no le da", por lo tanto, la única que podría convocarla es la Legislatura y por ley. "Es totalmente írrito e inconstitucional que se siga adelante con un proceso que significará como mínimo 600 millones de pesos", advierte el escrito que patrocina el abogado constitucionalista Domingo Rondina.
La impugnación se funda en que la Legislatura y por ley "es la única que puede darle competencias al Tribunal Electoral" para entender en un operativo eleccionario. "Y ninguna ley -prosigue el escrito- le ha dado competencia para organizar una consulta popular".
