El gobierno nacional dejó de pagar en los últimos tres años cerca de 127 mil pensiones por invalidez que decidió dar de baja y mantiene cajoneadas otras 51 mil que ya debería haber otorgado. De este modo, está pagando unas 178 mil pensiones menos de las que debería. A su vez, Desarrollo Social adelantó este mes que pondrá en revisión todo el sistema e incluso a asignaciones estímulos entregadas de manera vitalicia. Por lo tanto, es probable que para cumplir con el plan de déficit cero el número de beneficiarios se siga reduciendo.
Durante 2016 y 2017 el Ministerio de Desarrollo Social suspendió “preventivamente” 170.000 asignaciones hasta revisar los contratos con los beneficiarios. Esa práctica de primero cortar el pago y luego revisar la situación de la persona afectada fue frenada por la Justicia, la cual exigió la reinstauración de los beneficios. La cartera que conduce Carolina Stanley todavía no cumplió de manera plena ese fallo y solo restituyó 43.150 pensiones. Por lo tanto, unas 127.000 personas no recuperaron su beneficio. Esos recortes se combinaron con una estrategia destinada a demorar indefinidamente el otorgamiento de pensiones. En los últimos tres años se acumularon 51.355 expedientes que siguen a la espera de una respuesta. Cuatro de cada diez solicitudes presentadas en 2018 para acceder a una pensión por invalidez quedaron sin resolver, cuando históricamente ese porcentaje fue cercano a cero.
A esta situación se suma la decisión oficial de desmontar los equipos barriales de asistencia y cerrar casi 70 oficinas de atención al público. El resultado es que cada vez menos gente inicia la solicitud. El año pasado la cantidad de solicitudes cayó un 51 por ciento, mientras que los casos aprobados se desplomaron 75,5 por ciento.
Primera etapa
Las pensiones no contributivas fueron objeto de recorte de la gestión Cambiemos desde el primer minuto. Entre fines de 2016 y principios de 2017 se llevó a cabo lo que denominaron una purga de padrón, que en los hechos significó dejar de pagar de un día para el otro –y sin avisarle al afectado– la pensión por invalidez a 170.000 beneficiarios de esos programas. La explicación es que revisarían los casos y los irían reestableciendo “en caso de que haya habido algún error”. En medio de la polémica que desató la eliminación de esa asistencia, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, segundo de Stanley, justificó los recortes asegurando que “una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión; puede trabajar si lo deseara”. Badino dejó el cargo, pero la política continuó.
Tras idas y vueltas legales, la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó en junio de 2017 a Desarrollo Social restituir de manera “inmediata” las pensiones no contributivas por invalidez que fueron dadas de baja a nivel nacional por esa cartera en el último año y medio. La decisión de este tribunal se basó en el amparo colectivo que presentó la Asociación REDI (Red por Personas con Discapacidad). Según información provista al Congreso por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, del total de bajas de 2017 sobre pensiones por discapacidad (93.179 en la primera mitad de 2017) sólo se rehabilitaron ante la orden judicial 43.150, la mitad. El universo a revisar está compuesto de personas con al menos 76 por ciento de “discapacidad laborativa” y sin recursos propios ni de familiares a cargo.
Segunda etapa
El ajuste ahora es burocrático. “Lo que ocultan, entre otras cosas, es que a partir del gobierno de Cambiemos no se ha incrementado el número de pensiones que se pagan. Esto no es por controles antes inexistentes, sino porque se han dedicado a cajonear los expedientes de las personas que claman por su aprobación desde ya hace más de tres años de su gestión”, explicó a este diario Eugenio Reati, director de la ex Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) entre 2011 y 2015, convertida actualmente en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En el informe al 1º de septiembre último presentado ante los legisladores nacionales, Peña reconoció 162.101 trámites en circuito y sin resolución aún. Las áreas donde hay más demoras son Auditoría Médica (59.762) y Evaluación (43.547).
De ese total, según el relevamiento realizado por Reati, en los últimos tres años el Gobierno recibió “un total de 214.455 nuevas solicitudes (de pensiones por invalidez) de las cuales continúan 51.355 sin resolución”.
Lejos de la bandera de eficiencia que enarbola Cambiemos, las cifras oficiales dan cuenta de mayores retrasos en la resolución de los casos y solicitudes. De hecho, el porcentaje de solicitudes rechazadas por inconsistencias se mantiene en los niveles previos. Hasta el 2015 el porcentaje de pensiones denegadas por la CNPA se ubicó entre 15 y 20 por ciento promedio, mientras que en los tres años de Cambiemos ese porcentaje fue de 15,6 por ciento.
En 2016 el 17 por ciento de las solicitudes fueron denegadas, al año siguiente los rechazados alcanzaron al 10,4 por ciento y en 2018 hubo un 21,6 por ciento que no accedió a la pensión. Sin embargo, lo que creció año a año fue el cajoneo. De un promedio de 0,1 por ciento de solicitudes anuales sin resolver, en 2016 hubo un 26,3 por ciento de casos en trámite aún (28.805). En 2017 hubo 8838 carpetas para acceder al beneficio sin resolver, un 12,5 por ciento del total de solicitudes, y el año pasado 13.708 pedidos hasta septiembre en lista de espera, el 39,8 por ciento del total de expedientes.
