El Gobierno, finalmente, no convocará a sesiones extraordinarias. En un encuentro entre el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el senador peronista Miguel Angel Pichetto terminaron de sepultarse las ilusiones del oficialismo de adelantar la discusión de las leyes que busca aprobar. No obstante, en ese mismo encuentro hubo un principio de acuerdo para avanzar en marzo con la ley antibarrabravas y con la de financiamiento político, que permite que las empresas aporten a la campaña. En la Rosada confían en que podrían tener ambas leyes aprobadas en abril, antes de que el año electoral borre toda posibilidad de que se voten.

Del encuentro entre Frigerio y Pichetto también participó el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, quien fue el primero en informar al Gobierno de que las extraordinarias eran inviables, o bien que los exponía a una derrota legislativa dado que ni siquiera era seguro que reunieran el quórum. Luego de ese informe de Monzó en una reunión de gabinete la posibilidad de las extraordinarias se fue enfriando, aunque el jefe de Gabinete, Marcos Peña, las mantuvo en carpeta. Ayer las terminaron de enterrar en el almuerzo con Pichetto, que duró una hora y media. Estuvieron, además, los senadores Rodolfo Urtubey, Alfredo Luenzo y Carlos “Camau” Espínola. Algunos comieron salmón y otros, bife de costilla. 

“Ya estamos a mediados de febrero. De acá a la segunda semana de marzo vamos a trabajar en las leyes para darle sanción”, indicaron desde la Rosada. Las dos normas a las que el Gobierno busca darle prioridad son las que no consiguió aprobar en las extraordinarias de diciembre y tampoco podrá en febrero: la que pena a los barrabravas y fue muy discutida por su redacción en Diputados, por un lado, y por el otro el histórico proyecto que el macrismo viene intentando aprobar desde 2016, la reforma del financiamiento electoral. El punto central de esta última norma es que habilitará a las personas jurídicas (empresas) a aportar durante las campañas. Hasta ahora, eso está prohibido.

El macrismo enfrentó diversas denuncias por aportes de empresas contratistas del Estado, que fueron disimulados a partir de empleados o socios. También por la aparición de aportantes truchos, personas que figuraban donando dinero en efectivo y luego se comprobó que no lo habían hecho. Entre las decenas de casos descubiertos tanto en investigaciones periodísticas como en las judiciales (que vienen siendo entorpecidas), había beneficiarios de programas sociales, pero también diversos dirigentes y ex candidatos del PRO que salieron a afirmar que no habían puesto un peso. En el macrismo imaginan que con la reforma del financiamiento de campañas se librarán de nuevas denuncias. El proyecto también prevé la bancarización de todos los aportes, lo que obligará a la coalición gobernante a cambiar su lógica: en 2017, en la provincia de Buenos Aires cerca del 90 por ciento de los aportes fueron en efectivo. Y una parte de los que fueron bancarizados están bajo investigación judicial, dado que se hicieron todos juntos y en un mismo cajero del microcentro.

Del encuentro con Pichetto, Frigerio y Monzó salieron optimistas. La idea es presentar la reforma primero en el Senado y luego cruzar el complejo camino de Diputados. “Van a tener media sanción en marzo y las sacamos en abril”, se entusiasmaban. Esto es, si no hay contratiempos: en diciembre lo que volteó las extraordinarias no fue un altercado con la oposición, sino la pelea con el radicalismo, que se mostró furioso cuando perdieron una banca en el Consejo de la Magistratura. 

Frigerio se ocupó de informar que no habrá extraordinarias al final del encuentro con Pichetto. “Estuvimos revisando lo que van a ser los primeros días de las sesiones del Congreso, que empiezan el 1 de marzo, donde vamos a empezar a tratar temas importantes como la ley de financiamiento político y la ley de barras, para lo cual tenemos que trabajar en generar consensos para que esos proyectos se transformen en ley lo antes posible”, indicó el ministro del Interior. Cuando le insistieron sobre si habría extraordinarias –algo que los voceros gubernamentales seguían considerando posible hasta hace poco–, remarcó: “Estamos trabajando ya para la primera semana de marzo”. Por su parte, Monzó confirmó que la prioridad estará puesta en esas dos leyes. “No va a haber extraordinarias”, sintentizó. 

En tanto, Pichetto descartó las extraordinarias porque “no había ningún tema de urgencia y hemos asumido el compromiso de debatir el tema de financiamiento que está en Senado, y el de barrabravas que está en Diputados”. “Vamos a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para la segunda semana de marzo para dar revisión final al proyecto. El dictamen está muy trabajado. En tiempos sería conveniente marzo o abril para que funcione para esta campaña”, sostuvo Pichetto.

Habrá que ver qué posición termina asumiendo Elisa Carrió, que a fines del año pasado manifestó públicamente su oposición a permitir que las empresas puedan financiar campañas.