La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura activó el proceso que podría derivar en el juicio político del juez federal Luis Rodríguez, acusado por una arrepentida de la causa de (las fotocopias de) los cuadernos de haber recibido una coima de 10 millones de dólares. Para empezar, fueron acumuladas las cinco denuncias que había y la instrucción quedó a cargo del consejero académico Diego Molea, quien de inmediato impulsó algunas medidas de prueba que fueron respaldadas: cuentas bancarias del juez y su esposa, vehículos, propiedades y viajes, entre otras cosas. Todo apunta a evaluar la evolución patrimonial y analizar su actuación en dos causas judiciales, la que investigaba los bienes del fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y su entorno, y la causa sobre posible desvío de fondos para obras en la mina de Río Turbio.

La reunión extraordinaria había sido convocada por el presidente de la comisión, Miguel Angel Pichetto, a raíz del protagonismo que la situación de Rodríguez cobró en los medios después de la declaración de Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz, como imputada colaboradora en la causa de los cuadernos. Ella dijo que a través de su abogado de entonces, Miguel Angel Plo, se pagó un soborno de 10 millones de dólares al juez para aliviar la situación de su marido, de ella y el entorno que eran investigados ya por una red de sociedades e inmuebles en Estados Unidos estimada en 70 millones de pesos. Una de las primeras denuncias contra Rodríguez se basaba en medidas que adoptó a favor de los imputados, que la Cámara Federal después cuestionó, le sacó el expediente y se lo quedó Claudio Bonadio. La clave está en esclarecer si el juez cometió delitos, como el cohecho, para resolver a favor de los investigados.

Las principales denuncias habían sido presentadas hasta ahora por dirigentes que trabajan con Elisa Carrió, por Ricardo Monner Sans y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. La comisión en pleno avaló ayer las medidas pedidas por Molea, solo que los consejeros jueces Juan Manuel Culotta y Alberto Lugones consideran que el Consejo no puede avanzar sobre cuestiones como el secreto bancario, porque consideran que estarían invadiendo facultades del Poder Judicial. La causa penal le había tocado al juez Bonadio pero se excusó, pasó a Sebastián Casanello, que también se excusó, y habrá que ver quién quiere llevarla a cabo. La senadora y consejera Inés Brizuela y Doria pidió investigar también a familiares y que declare Pochetti en comisión.

Por ahora, los consejeros le dijeron que prefieren avanzar con trámites básicos, que llevarán tiempo. Tendrán que certificar las causas penales donde está cuestionado, por lo pronto la causa sobre Muñoz (ahora incorporada a la de la obra pública), la causa sobre Río Turbio y otra donde se investigaba al ex funcionario kirchnerista Carlos Liuzzi. También quieren la declaración de Pochetti completa y todas las denuncias que haya registrado la Cámara Federal sobre Rodríguez. Para analizar la evolución patrimonial: informes al Banco Central sobre los bancos con los que opera Rodríguez desde que fue designado juez federal en 2012, después de un escandaloso concurso donde fue acusado de tener el tema del examen con anticipación; los movimientos y operaciones con sus tarjetas de crédito; que la Unidad de Información Financiera informe sobre posibles operaciones sospechosas; sus declaraciones juradas patrimoniales; informes al registro de la propiedad automotor e inmueble; y sus viajes en los últimos cinco años. Además, pedirán las declaraciones juradas y sus anexos. El patrimonio que declaró en 2017 –según publicó La Nación– es un departamento de 215 metros cuadrados en Plaza Italia y una casa con pileta en Escobar con lotes de 2 mil metros cuadrados, valuados en 1,8 millón de pesos. Declaró 61 mil dólares y 835 mil pesos en efectivo. Y el año pasado habría comprado con su esposa una camioneta Audi Q5 2.0 TFSI, valuada en 80 mil dólares.

Años atrás, cuando tenían más poder sus allegados de la escudería “Stiuso” –el operador Javier Fernández, entre ellos–, las causas contra Rodríguez no avanzaron. Son otros tiempos.