Cada año, en Argentina, más de 3000 niñas menores de 14 años son obligadas a ser madres. Así lo informó el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), en un informe en el que recordó que el camino de esas chicas, solitario e impuesto, tiene similitudes: suelen ser víctimas de abuso sexual que quedan embarazadas –muchas veces se enteran tarde, cuando las llevan al médico por un “dolor estomacal”– y  luego son victimizadas por el sistema de salud, que les niega el acceso a la ILE y las fuerza a ser madres.

En los últimos días, las noticias dieron cuenta del caso de la niña de Tucumán de 11 años embarazada producto de un abuso y cuya ILE se volvió motivo de controversia. Sin embargo, no fue el único.

Uno de los casos de maternidad forzada más recientes es el de la nena jujeña de 12 años que quedó embarazada luego de haber sido violada por un hombre de 60 años. Pese a haber solicitado la ILE, la intervención fue demorada lo suficiente como para someter a la niña a una cesárea en el Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana. Nació un bebé prematuro de 23 semanas que falleció días más tarde. El caso se convirtió en un claro ejemplo de vulneración de derechos: funcionarios provinciales difundieron datos clínicos y no respetaron su intimidad, sectores antiderechos realizaron un escrache en el hospital, dos centros de salud impidieron la interrupción amparada por el fallo FAL y, luego de la cesárea, hasta el propio gobernador Gerardo Morales dijo que una “familia importante” quería adoptar al recién nacido. 

Recién después del escándalo público que generó ese caso, en ese mismo hospital jujeño se garantizó el derecho a ILE a otra nena de 13 años, violada por un hombre al que conoció a través de Facebook. 

Las trabas para que una niña violada pueda acceder a una ILE no solo provienen del sistema de salud y el sistema judicial, sino también de sectores antiderechos que intervienen en espacios y momentos clave para obstaculizar el proceso. En San Juan, por ejemplo, en agosto del año pasado dos activistas antiderechos llegaron a hacerse pasar por médicos del Hospital Rawson, donde estaba internada una adolescente de 14 años con retraso madurativo y que estaba embarazada producto de una violación, para convencer a su madre a través de engaños que no se lleve a cabo la ILE. Finalmente, como los profesionales del hospital garantizaron la práctica, los antiderechos denunciaron a los médicos que la realizaron. 

En septiembre del año pasado, una niña de 11 años de la localidad cordobesa de Villa Dolores no pudo acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo en el Hospital Regional de Villa Dolores por un amparo al protocolo de aborto no punible provincial presentado por la asociación civil Portal de Belén, que prohibía llevar a cabo estas prácticas en hospitales públicos de Córdoba. La práctica tuvo que realizarse en la Maternidad Nacional, que no se encontraba afectada por el amparo. Tras la repercusión de este y otros casos, en diciembre –luego de seis años de espera– el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó el recurso de amparo del Portal de Belén y habilitó el protocolo de procedimientos para la práctica del aborto no punible.

Informe: Azul Tejada.