Mauricio Macri tiene planeado basar su campaña en dos ejes principales: la seguridad y la lucha contra la corrupción. En este último punto, el Presidente tiene pensado lanzar una programa nacional contra la corrupción, que implicará promocionar durante este 2019 restricciones para los ministerios, mayores controles, informatización de los registros, entre otras medidas. El año electoral cambió el clima en torno a este plan: si antes había ministerios que se resistían a avanzar en las políticas de transparencia y solo lo hacían ante llamados del jefe de Gabinete, Marcos Peña, ahora todos parecen acoplarse a la estrategia general. El plan sería lanzado en marzo y es probable que Macri lo incluya en su discurso de apertura de sesiones legislativas, que puede ser el último si no reelige. 

El plan nacional anticorrupción viene siendo desarrollado hace ya un largo tiempo por el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez –un hombre muy cercano a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió– y por la secretaria de Lucha contra la Corrupción (Ajena), Laura Alonso. En el contexto de las sucesivas causas que llevan a tribunales a los ex funcionarios kirchneristas, el plan intentará marcar una diferencia con el gobierno anterior en plena campaña. De hecho, Macri lo viene haciendo en cada discurso, como cuando dijo en los últimos días que en la obra pública macrista “no hay cuadernos”. Y con golpes de efecto, como el cuestionado DNU de extinción de dominio, que permite confiscar bienes antes de que exista una condena penal firme. El plan para el Gobierno se inscribe en esa cadena de medidas que se darán a lo largo de 2019.

Más allá del plano discursivo, el diseño del plan anticorrupción –que requería la colaboración de los distintos ministerios, dado que son políticas transversales– no fue sencillo. Había ministerios que tendían a ningunearlo y a no contestar los requerimientos que se les pedía. En diversos casos, hizo falta que Peña levantara el teléfono para destrabar el envío de un documento u otro informe. Pero con 2019 en ciernes y el plan de reelección en camino, esos obstáculos parecen haberse allanado de momento. El plan ya tiene un primer borrador y estará listo para marzo.

Se concentrará en políticas de lucha contra la corrupción, transparencia y mitigación de riesgos en las áreas sensibles (obra pública, las que establecen regulaciones, las transferencias y contrataciones de personal). Si bien esto seguramente genere nuevos resquemores de los ministros, el plan tuvo siempre el apoyo de Peña y de Carrió, quienes pese a los cortocircuitos pasados siguen actuando en tándem. Uno de los alicientes para su aplicación es que el plan es reclamado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con la que el Gobierno viene haciendo la tarea desde hace años para ingresar. 

Según un documento firmado por Alonso –al que accedió este diario–, el plan implica un trabajo desde 2019 hasta 2023 en la adaptación de las distintas áreas del Poder Ejecutivo Nacional (que es la zona de alcance de la normativa que se presentará). “El proceso conlleva la implementación de políticas de transparencia al interior de las instituciones, rendición de cuentas, y planificación de la gestión”, señala el documento, que remarca que se deben crear “agencias especializadas en la promoción de integridad y transparencia y que lleven adelante acciones vinculadas con la prevención, investigación y sanción de la corrupción”.

A esto le suma la incorporación de nuevas tecnologías y la “inserción inteligente al mundo” con la cooperación con otros países. Esto permitiría, por ejemplo, detectar offshores no descubiertas por el Estado argentino, un tema que ha impactado en más de un funcionario, del Presidente para abajo. Plantea el avance del Gobierno abierto y de la publicidad de los actos, lo que “fortalece la rendición de cuentas y el control ciudadano”. Hace especialmente foco en el control de las áreas de compras, contrataciones y concesiones, en las aduanas y en las áreas de inspectores. También en el financiamiento político, un punto que Cambiemos busca reformar en el Congreso luego de que surgieran varias causas judiciales en base a denuncias sobre aportantes truchos. Además, hace eje en la “prevención del conflicto de intereses”, una tarea que le tocó encarar a Alonso desde la OA y por la que fue severamente criticada. Según el documento, para elaborar el plan consultaron a 48 organismos del Estado, que les acercaron 478 propuestas. Si no cambia el cronograma previsto, el plan se publicará en marzo en el Boletín Oficial.