Los centros de jubilados de distintas organizaciones gremiales presentaron esta mañana un amparo contra el gobierno de Mauricio Macri en la Cámara Federal de la Seguridad Social contra “el desguace de la seguridad social y ante la privatización del sistema jubilatorio argentino”. Los sindicatos emitieron el pedido de la medida cautelar para que la Justicia frene la resolución del Poder Ejecutivo por la cual se transfirieron 84 mil millones de pesos de la caja de la Anses para emitir letras del sector financiero. La causa cayó en manos de la jueza federal Viviana Piñeiro, quien tendrá que evaluar los pasos a seguir.
Desde la conducción de ATE, CTA y el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados presentaron el documento para impedir que se “vacíe la reserva fundamental que garantiza la continuidad del sistema de garantía”. En el marco de las sucesivas avanzadas contra los jubilados y ante el temor de que se cumplan con las exigencias del FMI con una nueva reforma previsional, los sindicatos se convocaron en la puerta de la Cámara, ubicada en la calle Lavalle 1258, y montaron allí una conferencia de prensa para visibilizar sus reclamos.
Puntualmente, piden que la Justicia inhabilite la Resolución Conjunta 37/2018 por la que en diciembre de 2018 el gobierno financió las arcas del Estado con los fondos de la Anses, que tiene a su cargo el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones. “Es una transferencia ilegal porque no corresponde, por eso vamos a la Justicia, para defender los fondos de la Anses y para impedir que se avance en esta reforma previsional que va a terminar queriendo imponer el gobierno”, destacó a este diario Hugo Cachorro Godoy, Secretario General de ATE y Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma.
“Planean aumentarnos la edad jubilatoria y bajarnos el haber jubilatorio, mientras nos aumentan alevosamente precios, tarifas, servicios, alquileres”, denunciaron en un panfleto que entregaron al público al momento de formalizar su pedido en la Justicia. “Esto es parte de la misma política, porque el objetivo del FMI y del gobierno es destruir el sistema previsional y solidario en la Argentina para que pase a ser nuevamente un instrumento de ganancia de los bancos para la especulación financiera”, agregó Godoy.
A principios de año, el FMI presionó al gobierno para que ejecute mayores cambios regresivos en el sistema jubilatorio, que incluirían un aumento de la edad jubilatoria y la disminución del haber inicial del trabajador que se retira. En esa línea, el Gobierno decidió este año no prorrogar la ley 27.253 que venció el pasado 31 de diciembre y le garantizaba un reintegro del 15 por ciento del IVA por compras con tarjeta de débito a jubilados y pensionados con el haber mínimo. Además, dispuso que desde este mes los jubilados que además sean pensionados deberán sumar esos ingresos para tributar Ganancias. La medida obligará a unas 50 mil personas a empezar a tributar y elevará el monto a pagar para los demás.
