La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) convocó a un paro nacional universitario para 6, 7 y 8 de marzo como respuesta a la última reunión paritaria en la que el Gobierno ratificó su oferta de un 4 por ciento, que se suma al 5 por ciento otorgado a fines de enero. “Esto es un llamado de atención al Gobierno para que revea su posición y destine mayores recursos, porque de no hacerlo se comprometerá el normal funcionamiento de las universidades”, advirtió el secretario general de CONADU, Carlos De Feo.
La huelga se decidió como parte de un plan de lucha que incluirá diferentes acciones, entre ellas, la participación del acto a un año del lanzamiento del espacio Multisectorial 21F junto a las centrales sindicales combativas y una jornada nacional de protesta prevista para el 28 de febrero. Según señalaron desde la federación universitaria, el 6 y el 7 la medida de fuerza se desarrollará en unidad con CTERA y el conjunto de las centrales de la educación, y con una posible movilización para el día 6, mientras que el 8 de marzo se desarrollará en el marco del Paro Internacional de Mujeres.
En la reunión paritaria de ayer, desde la cartera que conduce Alejandro Finocchiaro les ofrecieron a los docentes de la educación superior un aumento del 4 por ciento que, sumado al 5 por ciento otorgado a fines del mes pasado, dio una recomposición lejana al 16,6 por ciento exigido por la federación gremial. “No vamos a convalidar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores docentes universitarios durante 2018”, sostuvo De Feo tras el encuentro.
Por otro lado, la CONADU analizó la situación presupuestaria en las universidades que -advirtieron- “será otro foco de conflicto durante el 2019”. “El presupuesto universitario no compensó la inflación del año pasado y la lógica de desfinanciamiento del sistema continúa”, consignaron, al tiempo que explicaron que “persiste la pelea para regularizar a los docentes contratados y ad honorem de las universidades públicas, efectivizando el acuerdo paritario que destina 50 millones para ese ítem”.
La situación docente, sumada a lo que ocurre en el plano estudiantil tras el congelamiento de las becas Progresar y el desfinanciamiento de los programas socioeducativos llevó a la Conadu a evaluar “un conflicto de largo alcance, que complicará el normal funcionamiento de las casas de estudio y en el que es necesario sumar a toda la comunidad universitaria y la sociedad en defensa de la Universidad Pública”.
