En la antesala del juicio oral y público por la explosión del edificio de Salta 2141, que empieza el 8 de mayo próximo, la fiscal Graciela Argüelles lamentó que Litoral Gas no haya hecho cambios en materia de prevención. Pasaron cinco años y medio de aquel martes 6 de agosto de 2013 y, según dijo la funcionaria judicial que llevará a juicio a once personas, la empresa "todavía carece de medios para poder cortar el gas de forma inmediata". Entre los imputados hay cinco miembros de la distribuidora.

El estallido del complejo de departamentos provocados por una fuga de gas dejó 22 muertos y unas 60 personas heridas, además de múltiples pérdidas materiales. Si bien el proceso fue acorde a los tiempos judiciales durante los primeros años, en los últimos hubo varios palos en la rueda que no permitieron que el juicio empiece en el tiempo prudencial, como reclamaron los familiares desde el primer día.

Con la fecha resuelta por el tribunal conformado por Marcela Canavecio, Rodolfo Zvala y Carlos Leiva, se indicó también que las audiencias serán de lunes a jueves, en el Centro de Justicia Penal. Durante los días que dure el debate, pasarán unos 120 testigos y se revivirán muchos momentos previos a la explosión, como también posteriores, ya que la búsqueda de personas bajo los escombros demandó más de una semana de equipos que llegaron de todo el país.

En su acusación, la Fiscalía achacará "varias acciones a diferentes personas", adelantó Argüelles a Radio 2. Es que quienes estarán sentados en el banquillo son miembros de la administración del edificio que tenía tres torres, gasistas que trabajaron en el lugar, junto a empleados y una gerenta de Litoral Gas, por lo que los delitos imputados son diferentes en cada caso.

Al hablar del tiempo transcurrido, la fiscal recordó que en todos estos años la empresa no realizó cambios en sus procedimientos preventivos. "El ejemplo es lo que sucedió (el 13 de febrero pasado) en la esquina de Balcarce y Rivadavia", apuntó sobre la pinchadura de un caño por parte de operarios de una empresa constructora, que provocó un zumbido y un fuerte olor a gas por la pérdida que no se pudo parar en el instante. El suceso fue similar a cómo se inició todo aquel 6 de agosto de 2013, cuando no se pudo frenar la pérdida y evitar el siniestro.

En ese sentido, Argüelles recordó que "inmediatamente de ocurrido el estrago, un mes después, se hizo un relevamiento en la ciudad y Litoral Gas cortó el servicio en numerosos edificios y dispuso que se adecúen a la regulación vigente, pero eso fue un cambio momentáneo porque en lo sustancial no hubo ningún otro. Carece de medios para poder cortar el gas de forma inmediata, eso está claro, lo vio toda la ciudad", reiteró sobre el suceso de días atrás.

Para la fiscal, lo que ocurrió en calle Salta no fue provocado por el accionar de una sola persona, sino que se trató de una cadena de acciones de "diferentes personas que confluyeron en ese fatídico resultado que terminó con la muerte de 22 personas, más de 60 heridos y una cantidad tremenda de daños materiales", resumió.

Quienes estarán sentados en el banquillos de acusados por el delito de estrago culposo agravado son los inspectores de la empresa Litoral Gas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de estos, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica Viviana Leegstra. Además, están comprometidos el gasista Carlos García, su ayudante, Pablo Miño; y José Allala, quien trabajó en el lugar 12 días antes de la tragedia. También serán juzgados los miembros de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli. Todos llegan al juicio en libertad.

Los retrasos en el proceso fueron varios, pero el más criticado por los familiares fue el de noviembre pasado, cuando no se logró culminar con la  conformación del tribunal. Incluso, se manifestaron con ataúdes de cartón en las puertas del Centro de Justicia Penal. Es que tras el sorteo, uno de los magistrados tomó licencia y esperaba la jubilación, mientras que hubo dos excusaciones. Con todo, hubo que sortear un nuevo tribunal y poner nueva fecha. En diciembre, días antes de la feria judicial se realizó un nuevo sorteo con todas las partes presentes en una sala de audiencias del edificio de Mitre y Virasoro. Así, se fijó el 8 de mayo luego de una serie de reuniones que hubo desde inicios de este mes.