Los seis hombres acusados de violar a una niña wichí de 12 años fueron condenados a 17 años de prisión por el tribunal de Juicio de la ciudad salteña de Tartagal, en un hecho ocurrido en 2015 y que cobró notoriedad al año siguiente, cuando se conoció que la víctima había quedado embarazada. El juicio en sí mismo es motivo de análisis por su desarrollo: según se encargó de señalar la asesora de menores Eugenia Hernández, es la primera vez que un tribunal argentino se expide sobre una agresión sexual con la modalidad de “manada”. Y durante las audiencias se contó con intérprete wichí. Tratándose de la lengua materna y casi única de la víctima, la novedosa presencia de intérprete habla de la enorme distancia y deuda que mantiene la justicia hasta que el derecho de entender de qué se habla sea habitual y cotidiano. Los 17 años de condena se deben en muy buena parte al muy fuerte impulso que dio al caso el movimiento feminista para llegar a este punto.
El tribunal, integrado por los jueces Anastasio Vásquez Sgardelis, Osvaldo Chehda y Ricardo Martoccia, condenó a Jorge Salas, Juan Domingo Verón, Sebastián Salvatierra, Pantaleón Mansilla, Omar Arias y Luis Fernando Lamas, a la pena de 17 años de prisión efectiva.
Los jueces consideraron que los hombres fueron penalmente responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor mediando violencia, aprovechándose de la falta y libre consentimiento en el ámbito de violencia de género calificado por el número de personas y agravado por la intervención de menores de 18 años, todos en grado de coautores.
En tanto, los magistrados declararon responsables penalmente a los dos adolescentes imputados en el juicio, de los cuales uno fue declarado en rebeldía el jueves pasado, cuando no se presentó a la audiencia del juicio en los tribunales provinciales de la ciudad de Tartagal.
Un noveno imputado, que también es adolescente, fue declarado en rebeldía durante la primera jornada del juicio, debido a que nunca se presentó en la sala de audiencias desde el 19 de febrero pasado, cuando comenzó el debate oral y público.
Las actuaciones en este caso serán remitidas a la jueza de Menores respectiva, mientras que los mayores fueron trasladados a la Unidad Carcelaria de Tartagal, donde permanecerán alojados.
La audiencia comenzó con los alegatos, y el primero en exponer fue el representante del Ministerio Público Fiscal, Pablo Cabot, quien solicitó la imposición de 17 años de prisión para los imputados mayores y que los adolescentes sean declarados penalmente responsables.
La Asesora de Menores 2, Eugenia Hernández, pidió 20 años de prisión para los adultos y la declaración de responsabilidad para los adolescentes.
Hernández destacó durante su alegato que “es la primera vez que un tribunal argentino se expide sobre una agresión sexual con la modalidad de manada”.
El hecho ocurrió el 29 de noviembre de 2015, en el paraje Alto La Sierra, del departamento salteño de Rivadavia y la denuncia fue radicada por la madre de la víctima, según quien su hija salió esa tarde y no tuvo noticias de ella hasta el día siguiente, cuando fue hallada desvanecida, en una cancha de fútbol, y lesionada debido a un ataque sexual.
El caso tomó notoriedad en mayo de 2016, cuando se supo que la niña estaba embarazada, aunque una junta médica realizada en el Hospital Materno Infantil, de la capital salteña, decidió interrumpir la gestación.
La condena a 17 años devuelve de alguna manera la identidad de persona que se le arrebató a la niña al ser violada. No fueron de la partida los funcionarios judiciales que abrieron un paraguas protector sobre los acusados durante los primeros meses de la investigación, ni los funcionarios del Ejecutivo y hospitalarios, que violaron a Juana por segunda vez, cuando estiraron los tiempos hasta llevarla a la cesárea, a los 12 años.
