El jefe de Policía de Tucumán, José Díaz, renunció ayer a su cargo, luego de que el tribunal a cargo del juicio por el crimen de Paulina Lebbos ordenara que se lo investigue por ser parte de la junta que ascendio a un comisario condenado por irregularidades durante el hallazgo del cadáver de la joven, en 2006.

José Díaz renunció dos días después de la sentencia firmada por la sala 3 en lo Penal de la provincia que, en uno de sus puntos, ordenó investigar a la junta responsable del proceso de reincorporación y ascenso del comisario Enrique García, condenado a cinco años de prisión en 2013, por confeccionar actas falsas que confirmaban que el cuerpo de Paulina había sido hallado por la policía durante un rastrillaje.

El comisario general Díaz fue uno de los miembros de esa junta y, además, prestó declaración como testigo del juicio el año pasado y “confirmó que se habían cometido maniobras irregulares”. 

El 26 de febrero de 2006, Paulina Lebbos salió de un boliche de la zona conocida como el ex Abasto, en la capital tucumana, adonde había ido a bailar con su amiga Virginia Mercado. Alrededor de las 6.30, ambas subieron a un remís color bordó: Virginia descendió primero, en su domicilio de La Rioja al 400, y Paulina siguió viaje hasta la casa de su novio, aunque nunca llegó a destino. Después de 13 días de búsqueda, la joven fue hallada asesinada al costado de la ruta provincial 341.

En ese entonces, el comisario García y los policías Manuel Yapura y Roberto Lencina firmaron un acta en la que constaba que el cuerpo de la joven había sido hallado por la policía luego de un intenso rastrillaje. 

Alberto Lebbos padre de la víctima, solicitó la intervención de Gendarmería Nacional, ante las sospechas del procedimiento de la policía provincial. En abril de 2006 Gendarmería descubrió que el cuerpo de Paulina fue encontrado por dos hermanos de la zona de apellido Goitea y no por la policía.

García admitió que había falsificado las actas y amenazado a los hermanos Goitea para que las firmen, por lo que quedó imputado por haber adulterado actas y firmas durante la investigación del crimen de la joven.