El gobierno nacional adjudicó la Central Termoeléctrica Brigadier López, en la provincia de Santa Fe, a la compañía Central Puerto, en la cual tiene participación el empresario Nicolás Caputo, “amigo del alma” del presidente Mauricio Macri. La adjudicación de la termoeléctrica fue por 165 millones de dólares, suma a la cual debe adicionarse una deuda financiera a ser asumida por el comprador de 161 millones de dólares. De la sociedad que ganó la adjudicación, la única que se presentó a la licitación, también participan los empresarios Guillermo Reca y Eduardo Escasany. También debería hacerse cargo de las obras de cierre de ciclo, estimadas en un valor superior de 50 millones de dólares.
La empresa Integración Energética Argentina (Ieasa) fue la encargada de organizar la licitación de la Central Brigadier López, de la cual resultó favorecida la empresa en la que participa Caputo. En cambio, se declaró fracasada la licitación de la central Ensenada Barragán, en virtud de “resultar inadmisibles la ofertas presentadas por YPF y Central Puerto, por no ajustarse a lo requerido en el pliego”. Ieasa efectuará un segundo llamado a licitación para la cual “se tomará como precio base la mayor oferta recibida en la licitación fracasada”, informó la empresa.
Mauricio Macri y los funcionarios del área energética involucrados están siendo investigados por la Justicia a raíz de la denuncia presentada por los diputados del FpV Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, por una supuesta venta a “precio vil” de las centrales. Según los denunciantes, la tasación de las eléctricas le ocasionaría al Estado una pérdida de 400 millones de dólares. Esa diferencia surge de la comparación entre el precio de venta y el costo de construcción de ambos proyectos. La denuncia está en manos del juez Daniel Rafecas, quien rechazó una cautelar de los denunciantes, que habían solicitado la suspensión de la licitación. En función de ese rechazo, desde el gobierno descreen que la denuncia vaya a entorpecer la venta.
“¿Cómo puede admitirse que el Estado argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 millones de dólares menos (Ensenada de Barragán) y 110 millones de dólares menos (Brigadier López) de lo que valían en 2012? Se concluye que se trata de un intento de privatizarlas a precio vil”, dicen los legisladores del FpV.
