No pasaron ni 48 horas desde que el gobierno tucumano, a través del sistema de salud, torturara y obligara a parir a la niña de 11 años violada por la pareja de su padrastro, que el presidente Mauricio Macri incorporó el tema en su discurso de apertura ante la Asamblea Legislativa. Los hizo de manera genérica sin castigar a los responsables de la obstaculización y malos tratos padecidos por la nena, el propio Estado.
En medio de su discurso, Macri llamó a restituir “los derechos de las miles de niñas víctimas de abuso sexual”. Entre ellas mencionó a las niñas violadas, como víctimas de “la más ultrajante de todas” las violencias. “Es un acto despreciable y la violación a una niña es doblemente despreciable. Las víctimas no deben ser objeto de ninguna disputa y el Estado que no pudo protegerlas antes tiene que estar ahí para proteger sus derechos”, dijo sobre los casos de violación.
En Tucumán, Lucía padeció todos esos malos tratos y más. La niña fue abusada sexualmente por la pareja de su abuela y fue revictimizada en el sistema de salud cuando se le obstaculizó el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) como establece el Código Penal y el Fallo FAL de la Corte Suprema. Fue nuevamente violentada cuando dentro del hospital recibió un trato diferencial para evitar que tomara contacto con profesionales dispuestos a garantizar su derecho.
La ginecóloga que participó de la cesárea, Cecilia Ousset, contó que la niña tenía custodia policial y que sólo era atendida personalmente por personal médico con cargos jerárquicos como el secretario de Salud de la provincia, Gustavo Vigliocco, quien reconoció en declaraciones a la prensa que manejaba personalmente el tema y que tenía un “vínculo muy estrecho” con la niña. “Parecía una cárcel, estaba presa, nunca la atendió ningún psicólogo del equipo interdisciplinario de niños”, contó la médica en una de las tantas entrevistas que dio en las que declaró la cantidad de padecimientos que sufrió la niña.
El Presidente pidió que las niñas víctimas de abuso sexual no sean “objeto de ninguna disputa”. Justamente lo que ocurrió con Lucía cuando los movimientos antiderechos, los de pañuelo celeste, convocaron a diferentes protestas frente al hospital para evitar la interrupción del embarazo, difundieron su nombre y llamaron a “custodiar el feto”, como hizo el arzobispo de Tucumán.
Fue víctima al ser desoída cuando pidió que le sacaran “eso que le puso adentro el viejo” y cuando el sistema de salud tucumano, a cargo de la ministra Rossana Chahla, dilató la interrupción del embarazo y la obstaculizó minutos antes de la cirugía porque todo el equipo quirúrgico se declaró objetor de conciencia. La interrupción fue posible por la voluntad de dos médicos que lograron igual bajo ese panorama realizar el procedimiento. En Tucumán, el Estado no protegió los derechos de la niña; lejos de eso, se encargó de victimizar nuevamente a Lucía.
