Las prolongadas vacaciones de Mauricio Macri fueron sazonadas con algunas reuniones. En Villa La Angostura, el Presidente recibió al gobernador neuquino Omar Gutiérrez. El encuentro estuvo precedido por algunos cortocircuitos. Esos chispazos tuvieron origen en el recorte de subsidios para Vaca Muerta. El gobernador del Movimiento Popular Neuquino manifestó que “no se puede borrar con el codo lo que se firmó con la mano. Así como la provincia se comprometió a dar seguridad jurídica, no subir regalías ni Ingresos Brutos es necesario que el Estado Nacional respete lo establecido en el marco de la resolución 46”.
La salida de Javier Iguacel de la Secretaria de Energía está detrás de esta trama. Hay que remontarse a 2017 para explicar esa disputa. En marzo de ese año, el primer ministro de Energía de la Alianza Cambiemos, Juan José Aranguren, implementó el programa de estímulos para la explotación gasífera en Vaca Muerta. La Resolución 46 reconoció un atractivo precio diferencial (7,5 dólares por millón de BTU en 2018, 7,0 dólares en 2019, 6,5 en 2020 y 6,0 en 2021) para la oferta incremental de gas no convencional (o sea, al gas “nuevo”).
La conveniencia de estimular la explotación gasífera es una visión compartida por especialistas de distinto signo ideológico. Ahora bien, ¿es razonable ese nivel de subsidio? El Director del Observatorio de Tarifas de la UMET, Marcos Rebasa, explica que “el consumo de gas por el mercado argentino proviene mayoritariamente de los yacimientos tradicionales, cuyo costo no es mayor a 1 dólar el millón de BTU (MM BTU), mientras que el de Vaca Muerta se acerca actualmente a 3 dólares el millón de BTU: promedio del costo para el mercado, 2 dólares, que puede llegar a 2,50 con el gas importado. Con lo cual pagar por ese fluido 7,5 dólares por el Estado por esa misma producción es un abuso, es un subsidio de los usuarios a las empresas y es, sobre todo, un subsidio del Estado a esos grupos empresarios. De hecho, los precios subsidiados de esa producción por el Estado permiten hoy estimular su venta a Chile, el inicio de un proyecto exportador de los hidrocarburos, como negocio de sus productores”.
Los proyectos que se aprobaron bajo este régimen son ocho. Las dos empresas más beneficiadas fueron Tecpetrol del grupo Techint y la Compañía General de Combustibles de la familia Eurnekian.
La suba del tipo de cambio provocó un fuerte crecimiento (en pesos) de esos subsidios. Eso dificulta el cumplimiento del “déficit cero” acordado con el FMI. Ese es el origen de las tensiones actuales. Este escenario recuerda lo acontecido en el último tramo del gobierno de Raúl Alfonsín. En ese momento, la inestabilidad política—económica creció de la mano del choque de trenes entre distintas fracciones de capital. De un lado, los grupos económicos nacionales que pretendían mantener sus beneficios (subsidios implícitos de los regímenes de promoción industrial, sobreprecios a los proveedores estatales, prefinanciación de importaciones). Del otro, los acreedores externos que reclamaban cobrar sus acreencias.
Volviendo al presente, la postura de Iguacel (cercana a las petroleras) colisionaba con la misión ajustadora del ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne. El contrapunto finalizó con la eyección del “mejor funcionario de Cambiemos” (Carrió dixit) y su reemplazo por Gustavo Lopetegui. La principal tarea del “señor Excel” será renegociar el esquema de subsidios. Según el periodista Carlos Pagni “la nueva fórmula está casi cerrada. Para los proyectos ya desarrollados, la subvención se limita en el monto a 2,5 dólares para 2018, 2,0 para el actual, 1,5 en 2020 y uno en 2021. También se le fija un tope en el volumen de producción”. Billetera mata galán y FMI mata Círculo Rojo.
@diegorubinzal
