El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, excarceló ayer a 50 manifestantes que estaban detenidos producto de protestas en su contra. La medida surgió luego del acuerdo alcanzado con la opositora Alianza Cívica en el marco de la mesa de diálogo. Hace dos días, el gobierno de Nicaragua acordó con la oposición retomar las negociaciones para superar la crisis que se desató en abril del año pasado, a cambio de la excarcelación de algunos presos políticos. “El Ministerio de Gobernación da a conocer a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades que, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, ha dado cumplimiento a 50 órdenes a favor de personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública”, indicó el Ministerio de la Gobernación y luego explicó que los excarcelados recibieron el beneficio legal de la prisión domiciliaria u otras medidas cautelares. El comunicado ofrece la identidad y dirección de residencia de los detenidos, entre los cuales no aparecen las principales figuras opositoras a Ortega. Esta es la segunda excarcelación autorizada por el presidente en las últimas dos semanas; la primera ocurrió el 27 de febrero y benefició a 112 personas que dejaron la prisión bajo la misma modalidad.
Ayer, los manifestantes salieron en cuatro colectivos de la cárcel de máxima seguridad en el norte de Managua y continuaron en caravana por una de las principales avenidas de la ciudad. A pesar de tener las ventanillas cerradas, los familiares de los detenidos les gritaban: “¡Viva Nicaragua libre. No son delincuentes”“.
La reanudación de las conversaciones se produjo días después de que representantes empresariales se acercaran al presidente Ortega para buscar un entendimiento ante el agravamiento de la crisis económica y las sanciones internacionales que pesan sobre Nicaragua. El principal asesor para Centroamérica del Departamento de Estado, Todd Robinson, llamó al gobierno nicaragüense a negociar de “buena fe” para restablecer la democracia con medidas concretas y defendió el planteamiento opositor de adelantar las elecciones de 2012, algo que fue desestimado por Ortega. En tanto, la Eurocámara exigió a la Unión Europea que adopte un proceso escalonado de sanciones contra el gobierno de Ortega hasta que se restablezcan “los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Además, por 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, los eurodiputados reclamaron a Managua la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, el cese inmediato de todas las formas de represión y el retorno de las organizaciones internacionales al país. Según el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos, el gobierno de Ortega aún mantiene encarcelados, bajo la figura de presos políticos, a 650 personas. Además asegura que las manifestaciones de abril dejaron entre 325 y 561 muertos. El ejecutivo reconoce 340 detenidos como consecuencia de su participación en un fallido intento de golpe de Estado y un total de 199 víctimas.
