En la provincia de Santa Fe las mayores comunidades de migrantes están constituidas por personas de nacionalidad paraguaya y boliviana, incorporadas desde hace décadas a trabajos relacionados con la construcción, en el primer caso, y a la huerta en los cordones verdes de Rosario y Santa Fe en el segundo. El decreto 70/2017 firmado por el presidente Mauricio Macri con el que modificó la Ley de Migraciones encendió alertas en organizaciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, también en los gobiernos de los países de origen, Paraguay y Bolivia, que vieron en esa modificación la posibilidad de una persecución o discriminación hacia sus ciudadanos que pretenden ingresar a la Argentina, mientras que desde el gobierno nacional se insiste en que no es un problema de política migratoria, sino de cierto freno a la delincuencia. Rosario/12 dialogó con el delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Rosario, Germán Pugnaloni y con el diputado del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Agustín Rossi sobre la situación en territorio santafesino. Ya hay adecuación de controles en el Aeropuerto Islas Malvinas, a través de un programa que conecta a la delegación local a cargo de Pugnaloni con Interpol y la sede que tiene en Lyon (Francia) "para perseguir el delito".
Pugnaloni dijo a este diario que aún cuando los datos exhibidos en la página de la Dirección Nacional de Migraciones citan las radicaciones, en el período 2011/2015 para la provincia de Santa Fe, encabezadas por personas de nacionalidad paraguaya, luego por brasileñas, peruanas y después bolivianas, son los originarios de Paraguay y Bolivia quienes protagonizan el mayor flujo migratorio y de residencia permanentes. Según explica, los brasileños "vienen mayoritariamente a estudiar y también parte de los peruanos". Tanto Pugnaloni como Rossi ubican a los paraguayos especialmente relacionados con trabajos en la construcción y a los bolivianos en tareas de cultivo y en huertas de las llamadas zonas verdes de las ciudades más importantes de la provincia.
Al calor del debate que a nivel nacional produjo el decreto que crea un 'Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo' que permitirá negar el ingreso a migrantes y expulsarlos con mayor agilidad ‑a quienes sean delincuentes, se dice‑, los datos que los vinculan con el delito en general son bajísimos, sobre todo en el espacio del delito común. El propio director local de Migraciones señala que en la provincia de Santa Fe, los inmigrantes detenidos en cárceles provinciales constituyen el 5 por ciento y el 20 quienes están alojados en cárceles federales fuera de la provincia.
-‑El decreto 70/2017 contribuye a instalar la idea, en el imaginario colectivo, acerca de que los ciudadanos de países vecinos traen consigo la comisión de delitos y la presencia de mayor peligro. Cada aclaración oficial establece el paradigma y la vinculación entre migración y delincuencia.
-‑Bueno, por eso dedico tiempo a explicarlo a través suyo. En la provincia de Santa Fe tenemos excelentísima relación con todos los cuerpos diplomáticos. Con ellos trabajamos palmo a palmo para solucionar los problemas de los migrantes. Yo entiendo que es una situación de mala información. El decreto no significa no recibir la migración. Se trata de contar con elementos para detectar a aquéllos que posean antecedentes graves, que hayan cometido delitos en sus países o aquí y por lo que no puedan reingresar al territorio nacional. Por eso en el aeropuerto de Rosario ya funciona el programa I247 que conecta a nuestro sistema de Migraciones con la base de Interpol Internacional en Lyon, Francia. Todo trámite migratorio que se haga desde el aeropuerto de Rosario, ya está chequeado en forma online con ese sistema. El decreto pretende dar mayor celeridad a los trámites administrativos, nunca discriminar ni endurecer el tratamiento del Estado nacional hacia los migrantes y así se hará en Santa Fe. Es muy respetuoso de los derechos humanos. También se favorece el derecho de los migrantes si la tramitación administrativa que se lleva a cabo por una infracción a la Ley de Migraciones se realiza en un tiempo razonable como ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El decreto acorta y simplifica algunos trámites siempre respetando el debido proceso. No se puede esperar ocho años para resolver. Y el control se hará en especial para detectar situaciones de ingreso irregular por pasos no habilitados --, responde Pugnaloni.
Para Rossi "el decreto denota la incapacidad del gobierno para resolver el delito, sobre todo asociado al narcotráfico que requiere de medidas complejas y trata de poner las culpas en la presencia de migrantes, algo que puede sonar poco convincente por un lado, pero que por el otro alienta situaciones de violencia, de mirar mal al otro, al migrante, a la xenofobia. ¿Por qué hablo de violencia? Porque mañana pueden deportar a un hombre que ya está afincado aquí y lo van a separar de su familia. O pueden deportar a alguien que cometió un delito en la Argentina y así no cumplirá la condena ni aquí y, de manera contradictoria a lo que se pretende hacer creer, tampoco lo hará en su país donde no hizo nada. Es la búsqueda de un efecto marketinero que le va a complicar la vida diaria a los migrantes, le va a dar un poder excesivo a las fuerzas de seguridad que de esa manera podrán cometer hechos de violencia institucional".
"En Santa Fe tenemos excelentísima relación con todos los cuerpos diplomáticos". Delegado de Migraciones.
"El gobierno -agregó el parlamentario- ya realizó el intento de criminalizar a un sector de la sociedad como son los jóvenes menores de 16 años, ahora lo intenta con los migrantes. El hecho es que la provincia de Santa Fe tiene una rica tradición en cuanto a recibir a compatriotas de los países limítrofes. Y hay que decir que tanto en Rosario como en Santa Fe las poblaciones migrantes más importantes, la paraguaya y la boliviana, se han ubicado, claramente, en tareas y en trabajos que los fueron distinguiendo, los paraguayos en lo ligado a la construcción y los bolivianos en los cordones verdes ligados a Rosario o Santa Fe, las cadenas hortícolas, las huertas. Además es importante señalar que en Rosario no existen barrios o villas en los que vivan mayorías de comunidades extranjeras, es decir que las personas se integraron en cada una de las zonas sin inconvenientes. No hay guetos.
--¿Y en cuanto a la idea de que las migraciones pueden "quitar" puestos de trabajo?
--Nunca han sacado el trabajo a nadie. En el caso de esas poblaciones tienen tradición. Las migraciones que mencionamos no son de ahora, tienen historia de 30, 40 años. De lo contrario se podría hablar en los mismos términos de las poblaciones relacionadas con los cultivos golondrinas, los temporarios que encuentran en los ciudadanos de países limítrofes gran parte de su mano de obra. Son extranjeros que aportan al PBI de la Argentina y a nuestra riqueza, sin ninguna duda que ha sido y es así. Pero además hay que aclarar que el espíritu del decreto no apunta a preservar fuentes de trabajo, porque entre otras cosas el gobierno es el principal responsable de la destrucción de estos puestos en la Argentina de hoy. Y si esa fuera la intención, en lugar de estar mirando a migrantes se debería estar generando trabajo y no producir el efecto contrario. El espíritu del decreto es criminalizar a los migrantes al decir que son responsables, en buena parte, del aumento de la inseguridad y asociarlos al delito narco. Se comete una enorme injusticia cuando la mayoría de esas poblaciones vienen a trabajar en los oficios más duros que existen en la Argentina - responde Rossi.
--¿Y en cuanto a la integración latinoamericana, a la concepción de hermandad entre los pueblos y a la toma de medidas integradoras y regionales sobre problemas complejos como es el del narcotráfico?
--Está claro que la década que se extendió entre el 2005 y el 2015 fue muy intensa en materia de integración latinoamericana, de fortalecimiento del Mercosur con la incorporación de Venezuela como miembro pleno del Mercado, con la creación de UNASUR y posteriormente de las Comunidades de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). La presencia de presidentes como (Mauricio) Macri y (Michel) Temer van en sentido contrario. De hecho han cometido la barbaridad de suspender la calidad de miembro permanente de Venezuela en el Mercosur, cuando pocos saben que en la reunión del día anterior a que se llevara a cabo esa medida, la sesión del Parlasur ‑a iniciativa de la delegación de ese país, integrada mayoritariamente por diputados opositores y también oficialistas‑, votó una declaración para que Venezuela no sea apartada, porque no conviene y va en contra de los intereses de América Latina.
"El espíritu del decreto es criminalizar a los migrantes, al decir que son responsables del aumento de la inseguridad".
Cabe recordar que el Frente Progresista del Parlasur que está integrado por el Frente para la Victoria de Argentina, el Frente Amplio uruguayo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido de los Trabajadores brasileño y el Frente Guasú de Paraguay ya dio un comunicado en el que se manifiesta en forma contraria al decreto que modifica la ley de migraciones en la Argentina y seguramente en la primera sesión del Parlasur, en marzo, será parte del debate.
--¿Qué pueden hacer las autoridades provinciales o de las ciudades santafesinas respecto de lo que considera como contenido discriminatorio y xenófobo del decreto presidencial en la materia?
--Se puede hacer muy poco en términos legales, la potestad es totalmente nacional. Lo que sí pueden hacer el Ejecutivo provincial y el de Rosario y de otras ciudades santafesinas, es no retroceder en la calidad que tienen las políticas públicas sobre los migrantes. ¡No caigamos en la provincia en este intento discriminatorio y xenófobo que se escucha del gobierno nacional! Debo decir que comparto el espíritu con el que se expresa el presidente Evo Morales cuando habla de la 'ciudadanía universal'. Esta decisión del presidente Macri lo pone en sintonía con la que tomó (Donald) Trump y con su muro con Méjico. Recordemos que aquí tenemos una frontera seca con Bolivia y con Paraguay que es tres veces más extensa que la que existe entre Méjico y Estados Unidos. La interrelación que existe desde nuestras provincias limítrofes con los ciudadanos paraguayos y bolivianos es muy fuerte. Seguro que con esta estigmatización más de uno en Argentina confundirá a un boliviano con un salteño o con un jujeño, porque la contextura física, los rasgos, los colores de la piel son similares. Se trata de odio, de racismo en el espíritu del decreto. Es como reflotar aquella Ley de Residencia que perseguía, fundamentalmente, a los anarquistas con la excusa de los incidentes en los que eran protagonistas. Claro que en los incidentes estaban incluidas las luchas sindicales en defensa de los derechos de los trabajadores.
