El Gobierno oficializó la declaración de la emergencia en materia penitenciaria en todo el territorio. La resolución del Ministerio de Justicia, publicada ayer en el Boletín Oficial, indica la vigencia de la emergencia por tres años y crea la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria “con la finalidad de que se analice la situación y se propongan políticas públicas tendientes a superarla”. Con más de 13 mil personas en situación de encierro en las cárceles federales, el sistema penitenciario está sobrepoblado en un 12 por ciento según estimó la cartera. Más del 50 por ciento de la población carcelaria está encerrada sin condena.

La resolución número 184/2019 firmada por el ministro Germán Garavano reconoce que la población alojada en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal “ha experimentado un incremento significativo en los últimos años” y, lejos de plantear un cambio de postura en relación al punitivismo que la gestión de Cambiemos ha venido pregonando, celebra que en base a “las políticas exitosas de seguridad pública y, consecuentemente, de persecución del delito para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado” la cantidad de presos y presas “seguirá incrementándose sustancialmente durante el año en curso”.

La emergencia, no obstante, no plantea más medidas concretas para atender a la superpoblación que la creación de una Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria. El organismo, ubicado en el seno de la  Secretaría de Justicia, estará conformado por funcionarios del área, así como integrantes de los Ministerios de Hacienda, del Interior y de Seguridad. La Comisión deberá ocuparse de analizar la situación actual y facilitar la coordinación entre los diferentes órganos del Estado intervinientes en la materia penitenciaria federal para la elaboración de propuestas tendientes a “resolver el déficit habitacional” de las comisarías y cárceles, “mejorar las condiciones de privación de la libertad” y “promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, especialmente para grupos vulnerables”.

Según el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, en el país hay hoy 3500 más presos y presas que en 2015. La cifra actual que engloba a la población carcelaria, 13373 personas en situación de encierro, supera en un 12 por ciento la capacidad que ofrece el sistema penitenciario para alojarlos, con 12235 plazas. 

Más de la mitad de los presos y presas del país, el 57 por ciento según las cifras oficiales, están encerrados sin condena. El 63 por ciento se encuentra alojado en establecimientos penitenciarios de la región metropolitana.

Garavano invitó a funcionarios de todos los estamentos del Poder Judicial a participar de la Comisión que deberá pensar en soluciones. Justamente, son los y las juezas los blancos de la única crítica que esboza la resolución firmada por el ministro. Allí, les endilga que “por un lado las órdenes judiciales de fijación de cupo establecen límites rigurosos a la capacidad de alojamiento de los establecimientos penitenciarios” y por otro “las órdenes de permanencia impiden el traslado de detenidos hacia unidades ubicadas en el interior del país”. “Estas circunstancias, entre otras, obstaculizan la planificación y la gestión de la política penitenciaria y, con ello, desencadenan situaciones caracterizadas por la sobrepoblación de los establecimientos ubicados en determinadas zonas”, critica. 

Nada advierte la resolución de las condiciones de habitabilidad que ofrecen esos espacios, ampliamente denunciadas por diferentes organismos a lo largo de los años. 

“Puro humo”

“Puro humo.” Así definieron referentes de organizaciones especializadas en condiciones de encierro y habitabilidad de los sitios penitenciarios a la emergencia en la materia que dictó el Gobierno. Tanto desde la Comisión Provincial por la Memoria, responsable del Comité contra la Tortura, como desde el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) criticaron la medida no solo porque “no soluciona” el problema de la sobrepoblación en lugares de encierro, sino también por lo que afirma: “Sostiene el punitivismo como un éxito cuando es lo que denunciamos desde siempre”, apuntó Claudia Cesaroni, abogada e integrante de Cepoc.

“Siempre una ley de emergencia de cualquier orden lo que plantea es un estado de excepción, la posibilidad de disponer de recursos sin que eso sea analizado ni aprobado por el Congreso”, añadió la abogada. “Es un ejemplo de la práctica de este Gobierno de tomar decisiones por encima de los otros poderes del Estado”, continuó.

“No va a tener ningún impacto. Con esta emergencia, el Gobierno solo intenta demostrar que está haciendo algo para resolver un problema que él mismo ocasionó y que ahí mismo está diciendo que va a seguir ocasionando”, postuló Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria que, a través del comité, monitorea lugares de detención para prevenir y denunciar violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

Según Cipriano García, “no es la intención” del Gobierno de Cambiemos dar una solución a la sobrepoblación del sistema penitenciario federal con la declaración de la emergencia, que crea una comisión para atender “un problema que no es meramente penal ni de números, sino que es social”. “Tiene que hacer otras cosas, principalmente modificar su política criminal y de seguridad que de hecho ellos mismos consideran exitosa en la resolución en la que declaran la emergencia. Para nosotros no lo es”, sostuvo.  

Para Cesaroni, “lo más grave” de la resolución 184/2019 del Ministerio de Justicia no es la declaración de emergencia, sino los fundamentos sobre los que se basa: “Son terribles porque no hacen más que sostener como un logro de la gestión, un éxito, aquello que siempre denunciamos como grave: el aumento exponencial del encarcelamiento”, apuntó. 

En ese sentido, el referente de la CPM entendió que “el mensaje es que lo que pasa es exitoso, es un mensaje claro al Poder Judicial que lee y actúa en consecuencia”.  

“Por un lado venden puro humo, por otro reafirman el camino y celebran que la situación en las cárceles se va a agravar”, interpretó Cipriano García, quien coincidió con Cesaroni en este punto: “Con la política criminal de este Gobierno, son las personas en situación de calle, los pobres que roban un almacén o un teléfono para comprar algo para comer los que terminan presos”. 

A esto le sumó el flamante Código Penal que el Ejecutivo presentó ante el Congreso, con modificaciones que refuerzan el punitivismo, y remarcó que “el Gobierno es coherente” ya que “todas las modificaciones que ha realizado en materia penal apuntan a violar derechos humanos, retroceder en derechos adquiridos y modificar el paradigma sobre el cual está pensado el encierro en este país, que es la resocialización, la reinserción. Cambiaron ese paradigma por el de la seguridad ciudadana que plantea que la sociedad está más segura si quien comete todo tipo de delitos está preso, no importa cómo ni para qué”.