La Cámara en lo Contencioso porteña habilitó la aplicación de la doctrina Chocobar en la ciudad al desestimar por una cuestión de incompetencia el fallo de diciembre pasado en el que el juez Roberto Gallardo había declarado su inconstitucionalidad y advertido al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que se abstenga de aplicarlo en las calles porteñas. "Mientras trascienden los audios en los que Marcelo D'Alessio admite que fue enviado por la ministra Patricia Bullrich a los medios a defender el protocolo de uso de armas de fuego, la Cámara lo convalida", lamentó la legisladora porteña y titular de la Comisión contra la Violencia Institucional, Myriam Bregman, al dar a conocer la resolución contraria a la medida que había presentado junto a la abogada de Correpi María del Carmen Verdú, quien advirtió que "ya hay fiscales" que utilizan la resolución para defender a policías en casos de gatillo fácil.  

La decisión fue tomada por los jueces Hugo Zuleta, Gabriela Seijas y Esteban Centanaro al descartar el amparo habilitado por Gallardo por considerarlo "incompetente". La resolución de uso de armas de fuego para las fuerzas federales fue publicada en el Boletín Oficial a principios de diciembre pasado y el gobierno porteño salió rápidamente a dar su respaldo, pero el amparo presentado por Bregman y Verdú junto a Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil, logró poner un freno dos días después. 

"Habría que preguntar por qué un juez de la Ciudad se mete en un reglamento federal declarándolo inconstitucional", había repudiado inmediatamente el vicejefe de la Ciudad y encargado del Ministerio de Seguridad, Diego Santilli, ante el fallo de Gallardo, un juez despreciado por el PRO, a quien recientemente la Cámara de Apelaciones separó, a pedido de la gestión Larreta y Metrovías, de la causa por la que se habilitaba viajar gratis en el subterráneo cuando no funcionaran las vías de acceso. Los argumentos de Santilli se tradujeron esta tarde en la declaración de "incompetencia" para dar marcha atrás con el amparo. 

"Aducen la incompetencia de un juez que no le es afín al macrismo", apuntó Bregman al comunicar la resolución de la Cámara y repudió: "Justicia adicta que los acompaña hasta el fin". Por su parte, la abogada de la Correpi advirtió que a partir de la resolución del Ministerio de Seguridad, que rige para las fuerzas federales y habilita un modelo a seguir en las fuerzas provinciales, "ya hay fiscales que piden el sobreseimiento de policías que tiraron por la espalda con apoyo en la resolución 956, que legitima el gatillo fácil".

Al hacer lugar al amparo —que también había sido exigido por la asociación de abogados "Nace un derecho"—, Gallardo había declarado, en diciembre pasado, la inaplicabilidad del protocolo en la Ciudad de Buenos Aires y ordenó al gobierno porteño que se abstenga de adherir al flamante reglamento. "Es una respuesta espasmódica chapucera y demagógica a imaginarias o reales demandas sociales de seguridad", había calificado el juez la resolución 956 del Ministerio de Seguridad. 

El protocolo de uso de armas de fuego de Bullrich habilita a las fuerzas de seguridad federales a emplear armas letales en casi todas las situaciones de intervención frente a un hecho delictivo: en defensa propia, para impedir la comisión de un delito, para proceder a la detención o para impedir la fuga. Y hasta desestima el reiterado argumento policial de la "voz de alto", utilizado en las versiones policiales de los casos de gatillo fácil. Al defender la aplicación del protocolo, Bullrich amplió un argumento que había creado para justificar el asesinato de Rafael Nahuel a manos del Grupo Alabatros de la Prefectura Naval: "Se presume legítima la acción del oficial". 

El Gobierno porteño celebró rápidamente la oficialización del gatillo fácil de la mano con el anuncio de que se comprarían pistolar Taser para utilizar en las líneas de subterráneos. El protocolo firmado en diciembre pasado por Bullrich podría transformarse en un atenuante por las fuerzas de seguridad que apliquen el gatillo fácil en caso de aprobarse el nuevo Código Penal que el Poder Ejecutivo envió ayer al Congreso. 

Lejos de la prédica de la mano dura de Cambiemos, el código de conducta y los principios de las Naciones Unidas sobre el uso armas de fuego subraya que se deberá emplear cuando “sea inevitable” y “con moderación y en proporción a la gravedad del delito, reduciendo al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana”.