Hoy a las 13 se conocerá la sentencia en el juicio oral contra el oficial de la Prefectura Daniel Andrés Stofd, acusado de faltar a su deber por no haber intervenido para poner fin a un enfrentamiento entre dos bandas narco. En el hecho, que tuvo características de “zona liberada” por las fuerzas de seguridad, murió Kevin Molina, de 9 años, quien estaba en su casa, escondido debajo de una mesa para tratar de salvar su vida en medio de una balacera con la que su familia no tenía nada que ver. El abogado querellante, Luciano Ortiz Almonacid, sostuvo que tuvo que pedir “la irrisoria pena máxima de dos años de prisión que contempla la figura de ‘incumplimiento de los deberes de funcionario público’, cuando se trata de un caso gravísimo porque no sólo Stofd, sino los otros agentes de Prefectura y Gendarmería tendrían que haber actuado ante los pedidos de auxilio de los vecinos y de ese modo salvar la vida de Kevin”.
En diálogo con PáginaI12, Ortiz Almonacid recordó que desde que ocurrió el crimen de Kevin, el 7 de septiembre de 2013, “siempre dijimos que luego hubo un agravamiento de la situación, porque como no se sancionó rápidamente a Stofd, hubo consecuencias directas para la familia del chico y porque además, la impunidad derivó en una sumatoria de casos en los que hubo condenas”. Hizo referencia al fallo del Tribunal Oral 9 contra seis prefectos que fueron a la cárcel por torturar a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, dos chicos que viven en el mismo barrio donde asesinaron a Kevin.
“Es llamativo que se haya condenado esas torturas antes de que se condenara al prefecto Stofd por la muerte de Kevin, lo que demuestra que acá hubo una protección o cuando menos una demora no razonable”. Recordó que en la primera audiencia del juicio que hoy finaliza, “le pedimos al juez (Edmundo Rabbione) que nos permita preguntar sobre la vida profesional actual del imputado porque entendemos que fue ‘condecorado’ con la posibilidad de seguir en funciones en la provincia de Entre Ríos y que también fue ascendido”. Consideró que a pesar de la imputación “fue protegido por la fuerza y esa impunidad se convirtió en un ícono, porque la Prefectura después salió a responder con toda la furia en el mismo barrio y con todo el aval del Poder Ejecutivo Nacional para tomarse revancha con los ciudadanos de los barrios más humildes”.
Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa, cuestionó que el juez de la causa contra Stofd “haya circunscripto el caso a lo particular, dejando de lado todo lo que alude a lo institucional”. Señaló que por esa razón Rabbione “rechazó la pregunta sobre la situación de Stofd en la fuerza luego del asesinato de Kevin, un hecho que ocurrió debido a la no intervención de la fuerza”. Por esa negativa “no se pudo hilar este caso con los hechos posteriores de tortura y amedrentamiento que hubo en el barrio incluso en particular con la familia de Kevin”.
El abogado querellante puntualizó que “está acreditado totalmente que Stofd estuvo por lo menos dos veces en el lugar donde ocurrió el tiroteo y después se hizo cargo del procedimiento, lo que confirma que tuvo un dominio total del hecho y eso está corroborado en los fallos de primera y segunda instancia, en el procesamiento y en la confirmación de la Sala Séptima de la Cámara de Apelaciones”. El prefecto “estaba a bordo de un móvil, justo en el momento en que ocurrieron los hechos. Hay que ver Ni un pibe menos, una película que es un estudio perfecto sobre el expediente, donde surge claramente que Stofd estaba en el momento donde se producían los llamados en los que (los vecinos) le decían ‘por favor vengan, estamos desesperados” y le indicaban claramente el lugar de los hechos.
“En ese mismo momento, él decía ‘estamos recorriendo la zona, no vemos a nadie, sin detonaciones, panorama normal”, cuando estaban realizando nueve llamados al 911 pidiendo que intervinieran”.
