A 37 años de la guerra, el juez federal Federico Calvete se dispone a indagar a los primeros 18 oficiales y suboficiales imputados por torturas y estaqueamientos contra sus propios soldados en Malvinas. “Ya fueron notificados de la imputación y sólo falta que se ponga la fecha de las indagatorias”, informó a este diario Ernesto Alonso, secretario de derechos humanos del Centro de Ex Combatientes (Cecim) de La Plata, querellante en la causa junto a la Comisión Bonaerense por la Memoria. Igual que los defensores de represores de la dictadura, los abogados de los acusados apelan a chicanas jurídicas para dilatar el proceso. La última consistió en plantear que Tierra del Fuego no tiene jurisdicción sobre las Islas Malvinas y le valió al abogado Hernán Bazán Güemes una declaración de “persona no grata” del Concejo Deliberante de Río Grande. En su acto en Plaza Malvinas, el Cecim distinguió ayer al juez Alejo Ramos Padilla por patrocinar a la institución como abogado en 2010, cuando diseñó la estrategia jurídica que dio origen al proceso de identificación de 122 soldados sepultados como NN en el cementerio de Darwin.

En mayo del año pasado el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, pidió junto a la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad la imputación de 26 militares argentinos acusados de cometer delitos de lesa humanidad contra soldados. En diciembre el juez Calvete decidió llamar a indagatoria a 18 de esos imputados, en el primer avance importante que registra la causa en once años. Además de los testimonios de las víctimas, parte de las pruebas con las que cuenta el juez se desprenden de legajos del Fondo Documental Malvinas, un acervo documental de las Fuerzas Armadas desclasificado en 2015 que confirma los trabajos de acción psicológica y amedrentamientos realizados tras la guerra en los denominados “Centros de Asistencia y Rehabilitación”, para que los soldados no denunciaran ni hablaran de sus padecimientos. “Estimamos que en el transcurso de este mes el juez tiene que ponerle fecha a las indagatorias”, evaluó Alonso. “Los imputados viven en distintos puntos del país, por lo que primero tuvo que hacer la certificación de los domicilios”, explicó.

La novedad de estos meses es el cuestionamiento a la jurisdicción de Tierra del Fuego presentado por abogados del entonces cabo primero Ramón  Caro, denunciado por el ex conscripto chaqueño José Lencina de privarlo de alimentos, estaquearlo y golpearlo junto a otros dos militares por robar comida y carnear ovejas “porque no dábamos más del hambre”. En 1982 “no estábamos ejerciendo la soberanía”, intentó explicar Bazán Güemes a Perfil para justificar su pedido de que “se juzgue con juez competente del lugar”. “Yo no dije quiénes tenían que ser los jueces sino que directamente no tenía que ser el Juzgado de Río Grande”, agregó el abogado. “Es una bestialidad porque no sólo no corresponde el planteo sino que es contrario a la Constitución” (que establece la “legítima e imprescriptible soberanía” argentina), remarcó Jerónimo Guerrero Iraola, letrado del Cecim. “Es muy complicada la zona en la que se metieron estos colegas”, agregó. El Concejo Deliberante de Río Grande repudió a Bazán Güemes por “intentar impedir que actos de cobardía como torturar a sus soldados sean alcanzados por la Justicia con argumentos increíbles”.

“Esta causa se inició en 2007, sobre hechos de hace 37 años. Primero decían que eran todas mentiras, después que eran cuestiones infundadas o que se les había pagado a los denunciantes, más tarde que los delitos habían prescripto y ahora esto. Usan cualquier justificación para no tener que sentarse ante un juez y ejercer su defensa de por qué hicieron lo que hicieron”, reflexionó Alonso ante PáginaI12. Además de las causas por torturas de militares argentinos, el juzgado de Río Grande instruye una investigación por crímenes de guerra contra militares británicos, como los fusilamientos de prisioneros tras la batalla de Mont Longdon. “Ese proceso viene muy lento. Ya pedimos exhortos para que se notifique a los imputados en Gran Bretaña, pero la Cancillería no hace nada”, destacó.