En un año electoral, el Estado intenta imprimirle al fútbol dos características en su círculo multitudinario: una marcada politización y militarización. El gobierno nacional ya no disimula algo que, por obvio, a veces se vuelve intangible. El fútbol paga, devuelve mucho más de lo que le quitan, resulta manipulable. “Es demasiado generoso”, como le dijo Jorge Valdano a este periodista en el Mundial de Italia 90. La discusión por la ley contra las barras bravas se ha encarado como una cruzada porque se trata de una bandera del macrismo. La carta brava del Ministerio de Seguridad que ubica a esos grupos violentos y organizados al nivel o apenas por debajo de los narcotraficantes en sus operativos mediáticos. Guillermo Madero, un alfil de la ministra Patricia Bullrich, dijo en el Congreso el miércoles pasado: “Son un grupo criminal que hay que extirpar como si fuera un tumor”. Los funcionarios como él pierden de vista que, ese tumor, muchas veces se generó en las entrañas del mundo político que les permitió llegar a un cargo.
La búsqueda de mayores garantías de supervivencia en los espectáculos futbolísticos –una asignatura pendiente de todos los gobiernos, incluido el actual– tiene una impronta orwelliana si se entiende como la entiende la gestión de Mauricio Macri. Empezó con el lanzamiento oficial del Programa Tribuna Segura en septiembre de 2016, que consiste en el escaneo del DNI de los espectadores para poder ingresar a un estadio y determinar si tienen antecedentes o se les aplicó el derecho de admisión. Siguió con medidas progresivas como la imposibilidad de entrar o salir de una cancha en el caso de llegar tarde o intentar irse antes de que termine un partido. El viernes 5, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dio un paso más. El ministro de Seguridad Cristian Ritondo firmó con la AFA, representada por su presidente Claudio Tapia, la implementación del sistema Fan ID, que se aplicó con éxito en el Mundial de Rusia. En tres meses se ampliarán las medidas de seguridad con la creación del Registro de Concurrentes a Eventos Masivos (ReCoEM), que empadronará a los mayores de edad que asistan a espectáculos deportivos donde se reúnan más de 5 mil personas.
El territorio bonaerense no será el único campo experimental de este tipo de políticas que pronto superarán las fronteras del fútbol. Desde el 15 de abril, la ciudad de Buenos Aires inaugurará el sistema de reconocimiento facial de personas mediante cámaras con inteligencia artificial. Como Ritondo, el anuncio lo hizo el vicejefe de Gobierno Diego Santilli, a cargo también del Ministerio de Seguridad porteño. En un documentado informe del sitio kontrainfo.com se explica: “Lo cierto es que a partir de la aplicación de este sistema, el Gobierno podrá identificar con nombre y apellido a cada persona que camine por la calle, podrá seguirla y espiar todos sus movimientos, de una manera que envidiaría la dictadura totalitaria del Gran Hermano de la novela distópica 1984 de George Orwell”.
Madero adelantándose a todos fue ganando el desierto. El director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos ya había anunciado en septiembre de 2017 que el gobierno iría incorporando a los operativos “el control biométrico, dactilar y facial”. Hoy el Programa Tribuna Segura se extiende por muchas provincias del interior. Pero el funcionario que depende de Bullrich se desliza en un terreno resbaladizo cuando cuestiona a los mismos legisladores que deben aprobar la ley anti-barras. “Me parece un papelón la actitud de muchos diputados que utilizan este año electoral para hacer mala política y no ponerse del lado de la gente”, señaló el 21 de marzo. El mismo día tuiteó en apoyo al presidente Macri: “¡Es por acá!, basta de mentiras…”
No quedó claro cuando cuestionó los papelones de diputados de la oposición, si incluía a uno más de Fernando Iglesias, de Cambiemos, conocido por sus bravuconadas en el Congreso y ataques misóginos. El 19 de marzo trató a la diputada peronista por Jujuy Carolina Moisés de “tonta”, ergo “poco inteligente”. Todo vino a cuento de una reunión plenaria de comisiones para tratar la ley contra las barras bravas. A Iglesias no le cayeron bien las preguntas que hacía la justicialista. Su aporte a la tolerancia ciudadana resaltó más por el contexto en que se dio: la discusión de una ley que busca erradicar a los violentos con el garrote en la mano y la prevención archivada.
La norma que impulsa el oficialismo y que propone figuras difusas como la de “incitar avalanchas en las tribunas” castigada con uno a tres años de prisión, que aumenta las penas y transforma contravenciones en delitos, fue cuestionada en su origen hasta por legisladores afines al gobierno, como Martín Lousteau, el 18 de diciembre. Ese día en el Congreso, el diputado del PTS en el FIT, Nicolás del Caño, se interrogó: “Mauricio Macri, presidente de la Nación, que durante dos décadas fue amo y señor junto con sus amigos del club Boca Juniors. Yo pregunto: ¿No sabían todo lo que había alrededor de los barras de Boca, durante todos esos años?”.
Hasta ahora y en la práctica, con la Ley 23.184 vigente sobre la violencia en el deporte, la autoridad de aplicación ha ido espasmódicamente contra las barras, más allá de anuncios rimbombantes como la prohibición de ingreso a las canchas por cuatro años a 126 barras de Boca –una tipificación que no existe en la ley– y otros más. Pero la Policía de la Ciudad sí se preocupó de que en Buenos Aires algunas mujeres no ingresaran con el pañuelo verde en las canchas de Boca y San Lorenzo bajo el argumento de que “incita a la violencia” y en la provincia de Buenos Aires, la Aprevide hizo retirar una bandera de Evita en el estadio de Sarmiento de Junín cuyo nombre –vaya paradoja– es Eva Perón. Otro tanto había sucedido en el Nuevo Gasómetro con una que decía “Verdad y Justicia por Santiago Maldonado” en septiembre del año pasado, a casi un año de la aparición del cadáver del joven militante anarquista desaparecido.
Son demasiados los flancos abiertos que deja una norma tendiente a militarizar el fútbol bajo el argumento de que se debe hacer algo contra las barras. Las mismas que prohíjan punteros políticos, sindicalistas burocráticos, empresarios futbolísticos, policías y dirigentes de clubes que necesitan apelar a sus servicios. En esa enumeración de partícipes necesarios, ¿cómo debería encuadrarse la visita de dos integrantes de la AFI (Administración Federal de Inteligencia) al juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio? El magistrado investigaba a Pablo Moyano en Independiente y fue enviado a juicio político por denegar un pedido de prisión de la fiscalía contra el dirigente camionero. El jueves pasado, Gustavo Arribas, el responsable de la AFI y amigo presidencial, admitió ante el Congreso el apriete a Carzoglio bajo el argumento de que lo había hecho “para prevenir paros y disturbios que podrían desatarse” si el juez dictaba una sentencia condenatoria contra el vocal de Independiente. La causa judicial contra el gremialista explica ahora con mayor nitidez por dónde pasa la estrategia del gobierno y su apuro por aprobar la ley contras las barras.
