El gobierno porteño informó que apelará el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que declaró inconstitucional la Ley de Alquileres en la ciudad de Buenos Aires y destacó que la norma “tiene plena vigencia” hasta la definición del Tribunal Superior de Justicia local. El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo tiene como base los amparos presentados por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicbca), el Centro de Corredores Inmobiliarios, la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios, y 75 corredores inmobiliarios matriculados.

Juan Maquieyra, presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), dijo que el Estado tiene “facultades para reglar el tema alquileres porque es de interés público, ya que afecta a más de 400.000 familias” porteñas, y que su rol es “respaldar a los más débiles, que son los inquilinos”. “Hoy la ley tiene plena vigencia porque el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires es quien debe definir”, indicó el IVC en un comunicado, y agregó que la defensa de los inquilinos “no es incompatible con el Código Civil, que regula desde una visión del derecho privado”. “La Ciudad lo hace desde el derecho público, es decir, protegiendo el interés público de los miles de vecinos alcanzados por un contrato de alquiler”, agregó el comunicado.

“El servicio de las inmobiliarias beneficia más a los dueños de las propiedades”, agregó Maquieyra respecto de la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, que declaró “inconstitucional” la Ley de Alquileres promovida por la Legislatura porteña en 2017. La ley 5859, que regula los alquileres en el ámbito de la Ciudad, establece, entre otras cosas, que la comisión la debe pagar el propietario y que el monto máximo de dicha comisión es el 4,15 por ciento del valor total del contrato. Antes de la promulgación de esta norma, los inquilinos debían afrontar la totalidad de los emolumentos de las inmobiliarias, lo que dio lugar a muchos abusos.

Al respecto, la Justicia argumentó que el Código Civil y Comercial de la Nación reconoce que el inquilino tiene carácter de “comitente” –es decir de cliente que solicita servicios a un comisionista– y que, por tanto, le corresponde el pago de honorarios al corredor que interviene en la operación.

Además, la Cámara afirmó que las partes ya tienen facultades para convenir el monto de una comisión, por lo que consideró que la Legislatura porteña no puede modificar cuestiones normadas por el Código Civil y Comercial de la Nación. 

“La ciudad tiene facultades para reglar el tema alquileres porque es de interés público, ya que impacta a más de 400.000 familias en la ciudad”, dijo Maquieyra, y agregó que el gobierno porteño “está trabajando en la apelación” para presentarla entre mañana y el lunes próximo.

Hasta tanto no se expida el Tribunal Superior de Justicia, la ley 5859 está en “plena vigencia” y “ningún inquilino debe pagar comisión”, afirmó el funcionario.

El fallo de la Justicia tuvo como base los amparos presentados por el Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), el Centro de Corredores Inmobiliarios, la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios, y 75 corredores inmobiliarios matriculados.

“Es simplemente, nada más, una batalla ganada en esa guerra que continúa”, celebró el titular del Cucicba, Armando Pepe, en diálogo con Radio Continental. Pepe aseguró, también, que “hoy la renta anual para un propietario que alquila un inmueble es bajísima” pese a que la gran mayoría de los inquilinos manifiesta tener cada vez más problemas para pagar el alquiles. E insistió en la necesidad de avanzar en la definición de una Ley Nacional de Alquileres y sostuvo que fue invitado a participar de una reunión de la Comisión de Legislación General del Senado, para analizar el tema.

En este sentido, la Cámara en lo Contencioso Administrativo atribuyó al IVC la tarea de velar por los derechos de los inquilinos y propietarios, y fijó que trabaje en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, informó que desde su organización también apelarán el fallo para que el tema pase al Tribunal Superior de Justicia. Para  Muñoz, “es realmente escandaloso el fallo”. “Lo increíble es que, cuando durante diez años estuvimos los inquilinos obligados a pagar la comisión, no hubo un solo procedimiento judicial por parte de las inmobiliarias, y ahora que tienen que pagar los propietarios, presentaron casi cincuenta amparos para frenar esta ley”, señaló Muñoz, para quien la resolución “haría caer todas las legislaciones provinciales”.

Por otro lado, Muñoz cargó contra el camarista Esteban Centanaro, de quien dijo que “debió excusarse” de participar de este fallo, dado que “tiene una sociedad anónima que se llama Cent, las cuatro primeras letras de su apellido, y se dedica a los negocios inmobiliarios, con lo cual falló a favor de sus propios intereses”. El dirigente detalló que el camarista Centanaro “hace unos años pidió permiso al Tribunal Superior de Justicia” para continuar con sus actividades inmobiliarias a pesar de su rol de magistrado “y se lo permitieron”.