La Legislatura porteña sancionó, con el voto en soledad del oficialismo, un convenio que permite a los propietarios de los terrenos conocidos como el Parque La Isla, donde estuvo el albergue Warnes, construir 11 torres de hasta 16 pisos, iniciativa que rechazaron la oposición y los vecinos del barrio de La Paternal. 

El convenio contempla un cambio de los actuales parámetros de usos del suelo que tiene el parque donde por cuatro décadas estuvo el albergue Warnes, para habilitar ahí la construcción de viviendas hasta unos 48 metros de altura y locales comerciales.

El portavoz de Vamos Juntos, Gonzalo Straface, defendió el convenio diciendo que, una vez aprobado, produce “la cesión a perpetuidad de casi una hectárea” a un parque, cuya construcción quedará en manos del propietario y que deberá completarse “en un plazo de dos años”.

Straface ponderó que con el nuevo proyecto se desestima la instalación de una planta de tratamiento de residuos contemplada con anterioridad en la planificación urbanística del barrio de La Paternal.

La diputada Victoria Roldán Méndez, presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, dijo que se trata de un convenio que “mejora lo que el privado podría hacer” según lo habilitado por una ordenanza de 1997.

Roldán Méndez sostuvo que se mantiene el diálogo con los vecinos y que el proyecto alternativo que presentaron tendrá el curso legislativo natural de cualquier iniciativa. 

Las palabras de los oficialistas fueron reprobadas por una veintena de vecinos presentes en el recinto, que reprocharon la falta de escucha a sus reclamos. “Nosotros no vamos a permitir que se ponga una estaca y vamos a insistir que se trate nuestro proyecto”, comentó Macarena Simón.

La iniciativa presentada por los vecinos, que fue acompañada por más de 3500 firmas y que respaldan legisladores opositores, pide “el readecuamiento de las parcelas para que se construya todo de un solo lado y con la norma de zonificación que impone una altura de 9 metros” y no la del proyecto actual, que va hasta los 48.

La oposición rechazó el convenio de manera unánime. En palabras de Sergio Abrevaya (GEN), “el PRO continúa con su lógica de desarrolladores inmobiliarios frente a la necesidad no sólo de espacios verdes, sino de vivienda accesible en la ciudad de Buenos Aires. Pero sobre todo no ha escuchado a los vecinos, no hubo modificación en el texto. En lugar de armar una mesa de trabajo con los vecinos, se cerraron en esta aprobación que sigue teniendo a toda la oposición en contra”.

Javier Andrade (Unidad Ciudadana) estimó que “lo que (el oficialismo) llama como mejoras para el barrio es mejorar las condiciones para que sea más redituable el proyecto inmobiliario”. “Sabemos que el privado podía construir torres de 48 metros gracias a la norma del gobierno de (Fernando) De la Rua ¿Por qué si tenían permiso aún no lo hicieron? Porque así mejoran las condiciones para que sea más redituable el proyecto inmobiliario”, explicó el diputado kirchnerista.

Por su parte, representantes de los partidos que integran el FIT, entre ellos la diputada Myriam Bregman y Gabriel Solano, consideraron que el proyecto es un “negociado” inmobiliario y criticaron al oficialismo por utilizar su mayoría para avanzar con la iniciativa y desoír a los vecinos.