El jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, certificaron la versión de que los federales actuaron en forma correcta y que los delincuentes eran los de la Bonaerense. Por su parte, el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, tomó la decisión de desafectar a los involucrados directos de la fuerza a su cargo y a otros miembros de la repartición. El comisario Hernán David Martín tenía 43 años y tras el hecho, la fiscal María Soledad Garibaldi, ordenó allanar la DDI de Avellaneda-Lanús, una dependencia policial que cuenta con una larga historia de corrupción.
El tiroteo ocurrió a las nueve de la noche del viernes 29 de marzo, en la estación de servicio Shell ubicada sobre el Acceso Sudeste y Madariaga. La historia oficial, por ahora, dice que los bonaerenses habían pactado un encuentro en el lugar con una mujer para recibir una coima. Los bonaerenses dicen que la denunciante, y su marido, son informantes de la Federal. Los principales acusados de recibir la coima son el capitán Eduardo Angel Franicevich, el subcomisario Luis Edgardo Otero (jefe del Gabinete Antisecuestros de la DDI), y el subayudante Silvio Ricardo Vergara.
Con posterioridad, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial desafectó a otros nueve policías de la DDI, entre ellos al titular de esa dependencia, comisario mayor José Hernández, a quien se ordenó detener, pero está prófugo.
