A partir de la última actualización, fueron relevados en Rosario 112 barrios populares en los que viven 27 mil familias, aproximadamente 100 mil personas. El 70 por ciento de los habitantes de asentamientos irregulares son menores a 30 años y más del 50 por ciento son menores a 19 años, mientras que solamente el 14 por ciento tiene un empleo registrado. Estos son algunos de los datos del último relevamiento de barrios populares que serán expuestos hoy a las 17 en el Complejo Cultural Atlas, Mitre 645, en el marco de la charla "Deuda social: ¿qué es, quiénes la sufren y cómo se paga?". La actividad contará con la presencia de la diputada nacional Lucila De Ponti, los concejales justicialistas Eduardo Toniolli y Roberto Sukerman, y la vicedecana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Ana Valderrama.

"La intención es la de llevarnos un compromiso del espacio político, que básicamente es el motivo y la razón por el cual hicimos el relevamiento de barrios, a partir de la información poder exigirles y construir juntos políticas públicas para empezar a resolver la temática de fondo", dijo Ignacio Rico, dirigente juvenil de la Ctep, uno de los movimientos sociales que participó activamente del trabajo.

"Los lugares que faltan relevar son aquellos donde las organizaciones que hacemos el relevamiento no tenemos contacto con los vecinos". Ignacio Rico.

El Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap) surgió a partir de un censo realizado en conjunto por el Estado y distintas organizaciones sociales, que llevó más de dos años, y que se constituyó en el primer paso para la urbanización de barrios, villas y asentamientos.

El relevamiento permitió conocer exactamente el número de personas que viven en cada territorio, así como las características de infraestructura y composición socioeconómica de la población.

Los números revelaron que el 93,81% de los habitantes de barrios populares no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el 98,49% no cuenta con acceso a la red de gas natural.

En octubre del año pasado, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó el proyecto impulsado por las organizaciones sociales que declaró de utilidad pública y sujeta a la expropiación tierras de más de cuatro mil barrios en todo el país y suspendió las órdenes de desalojos por cuatro años. Además, la iniciativa estableció que el 25 por ciento de las obras necesarias para la urbanización de villas y asentamientos se realicen mediante cooperativas de trabajo de esos mismos barrios.

Rico precisó que según la última actualización en la provincia de Santa Fe viven 270 mil personas en barrios populares. "Los lugares que faltan relevar son aquellos donde las organizaciones que hacemos el relevamiento no tenemos contacto con los vecinos, por eso enviamos grupos de compañeros a distintas localidades o a distintos barrios para que vayan relevando aunque no sean de ahí", explicó el dirigente de la Ctep.