Con "la gravedad de las declaraciones y acciones por parte del gobierno nacional, que legitiman usos de la fuerza, que contradicen los marcos normativos y trastocan las prioridades que deben orientar las prácticas policiales" como máxima expresión de las políticas de seguridad aplicadas por el gobierno de Cambiemos, especialistas en materia de violencia, delitos, policías y políticas de seguridad de varias universidades nacionales del país elaboraron un documento de doce puntos con acuerdos básicos para una política de seguridad democrática.
El documento releva la falta de estadísticas oficiales sobre delitos, violencias y sistema penal, así como la imposibilidad de acceder a las cifras de detenciones con o sin orden judicial, letalidad y lesividad policial, en un contexto en el que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, legitima el uso letal de las armas de fuego por parte de las fuerzas. En el mismo tono, los especialistas exigen al Estado que reconozca la responsabilidad de construir información sobre otras múltiples formas de violencia de género.
El documento que reúne a especialistas de la UBA y las universidades nacionales de La Plata, Litoral, Lanús y San Martín, entre otras, crítica que el "uso de la amenaza y el miedo se transformó en política de Estado" y apunta sobre el incremento de la represión a las protestas sociales —con un combo peligroso de "mayor habilitación al uso de la fuerza, descoordinación y falta de preparación del personal"—, la modificación vía decreto de leyes para aumentar la persecución sobre la población migrante y rechaza el anteproyecto de Reforma Penal Junvenil sostenido en la baja de la edad de imputabilidad por ser "regresiva en materia de derechos humanos y contraria a las recomendaciones internacionales".
Los especialistas también se detienen en el escandaloso manejo de los servicios de inteligencia revelado por la investigación que involucra al falso abogado Marcelo D'Alessio, a ex policías, ex agentes de la AFI, y al juez federal Carlos Stornelli; y que se proyecta sobre funcionarios y aliados del gobierno nacional.
En ese sentido, el documento marca "los retrocesos que la derogación de gran parte de la doctrina de este organismo supuso en términos de transparencia y publicidad de la información" y resalta que "a la luz de la experiencia, es necesario eliminar las excepciones que permiten a los integrantes de la AFI la realización de tareas policiales, de asistencia judicial y de investigación criminal".
El documento con los Doce puntos de acuerdos básicos para una agenda democrática de seguridad.
