Un proyecto de blanqueo que destiñe

El proyecto de Regularización del Empleo No Registrado que presentó el gobierno el 5 de abril recrea la lógica de los anteriores: establecer un periodo de un año para que los empleadores que tienen trabajadores informales los registren, para lo cual establece incentivos y beneficios de distinto calibre. Ahora bien, ¿cuáles son los incentivos?, ¿quién los financia?, ¿qué diferencias existen con los proyectos anteriores para que el gobierno considere que en este caso logrará su aprobación?

En primer lugar, repite los incentivos que contemplaban los proyectos 2017 y 2018: extinción de la acción penal por evasión previsional y de todas las multas en cualquier estado por emplear trabajadores en negro, baja del Repsal y condonación de deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social de los trabajadores que se regularizan. 

A diferencia de los proyectos anteriores, que establecían condonación total durante los primeros 180 días de vigencia y parcial (70 por ciento) durante los 180 días siguientes, el nuevo proyecto establece la condonación total durante el año de vigencia del sistema. A este perdón total de deudas le agrega la “Promo 2019”: el beneficio de eximir al empleador por dos años de abonar contribuciones respecto de los trabajadores que se regularizan. Usted se preguntará: ¿y con el trabajador que pasa? 

Claramente la primera consecuencia es que pasa a estar “en blanco”, con acceso a la seguridad social. Recordemos que, en el país, cerca del 50 por ciento del empleo privado se da en situaciones de informalidad. Sin embargo, el proyecto 2019 mantiene el tope de 60 meses al reconocimiento a los fines previsionales del trabajador regularizado. Es decir que los trabajadores con más de 5 años de trabajo en negro serán quienes en gran medida “subsidien” con ese límite arbitrario el blanqueo de las deudas de sus empleadores. Se destaca como una mejora que el reconocimiento se realiza sobre la base del salario promedio inicial de convenio colectivo aplicable mientras que en los proyectos anteriores apenas lo era sobre el devaluado salario mínimo.

Junto a estas modificaciones se agregan otras relacionadas con el régimen de agravamientos indemnizatorios que contempla la Ley 24.013 para el trabajo informal, otras con el sistema de otorgamiento de certificados de trabajo y otras con la incorporación de un régimen de exención de contribuciones patronales por dos años a los nuevos puestos de trabajo.

Con estos datos podemos sostener que el proyecto incurre en los mismos errores y omisiones de los anteriores. Exagera en los beneficios otorgados al evasor sin que se advierta un correlato u equilibrio con los beneficios que se le reconocen al trabajador. La muestra acabada de ello es que mientras al empleador se le licua toda la deuda de todos los periodos y se le otorga el beneficio adicional de 2 años de exención de contribuciones futuras, al trabajador se le pone un tope temporal y salarial al reconocimiento de derechos. Pero lo que es más grave: el proyecto no contempla ningún resguardo para evitar que el trabajador “blanqueado a costo cero” sea despedido al día siguiente de regularizado. 

La inexistencia de una prohibición de despido por un periodo determinado de ese trabajador es la llave maestra de un mecanismo creado más para licuar deudas previsionales que para la regularización de informales. No hay margen para la ingenuidad y menos aun cuando todos los indicadores laborales señalan que este año el desempleo seguirá creciendo.

El gobierno sigue proponiendo medidas que no atacan la enfermedad sino los síntomas y van a destiempo de la realidad. Pretender resolver el problema de un trabajo informal que alcanza el 35 por ciento (50 por ciento si tomamos solo al sector privado) con un sistema de incentivos es hacer voluntarismo. La batalla contra el empleo en negro debe darse combatiendo a la economía en negro de la cual es uno de sus síntomas, sin que el proyecto contenga una sola medida en ese sentido. Por otro lado, proponer incentivos para la formalización de trabajadores con una economía recesiva e inflacionaria, que cada día crea más desocupados y en la que cierran 30 pymes por día parece una ironía o un cinismo supino: nadie blanquea trabajadores si esta pensando en cerrar o reducir plantel salvo que justamente lo haga para despedir a bajo costo. 

Raúl Ferrara: Abogado laboralista y docente de Derecho Sindical III para la Diplomatura Universitaria en Actividad Sindical de la UNLZ.

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