Más allá de que resulte común identificar las políticas sociales con el Ministerio de Desarrollo Social y con la asistencia social, esto no es estrictamente así. ¿Acaso las políticas relacionadas a vivienda, negociación de paritarias u otras medidas de relevancia económica no son también políticas sociales? Una política social puede actuar sólo en los márgenes, brindando cierta contención para evitar un estallido social, o puede directamente operar sobre la producción y reproducción del bienestar social. Los instrumentos que se utilicen en uno u otro sentido marcarán la potencia transformadora de la política social, tanto en su dimensión material como simbólica.
Durante muchos años se trató de imponer que la política social en Argentina debía limitarse a la lucha contra la pobreza y, consecuentemente, su foco debía residir en los sectores más marginales, como sucedió en los ‘90. Se enunció como objetivo de campaña la “pobreza cero”, pero poco se habló de la desigualdad, que es el verdadero dilema a abordar y de cuya resolución depende el ir gradualmente mejorando los indicadores de pobreza.
Quienes trabajamos en políticas sociales sabemos bien que las épocas donde éstas se reducen a las áreas de acción social son las de periodos recesivos, como ocurre en la actualidad, y en general van acompañadas del desmembramiento de acciones en materia de salud, educación y a esfuerzos por consolidar trabajo decente.
Lo que hemos visto recientemente son tomas de posturas del Estado muy concretas en lo que hace a la reconfiguración de su morfología, donde lo más llamativo fue la reducción a Secretarias de los tradicionales ministerios de Trabajo y Salud. Como sabemos, las políticas del Estado generan movimientos verticales y horizontales, es decir, entre áreas y niveles de gobierno, redefiniendo posiciones y generando cristalizaciones institucionales con formas diversas. La actual prevalencia del Ministerio de Desarrollo Social y devaluación de otras áreas no es aleatoria, sino que expresa un orden de prioridades, según el cual se van definiendo ajustes y movimientos y/o desplazamientos institucionales. Por ejemplo, sabiendo los retos vigentes del mercado laboral, donde las políticas nunca parecerían ser suficientes para preservar empleo de calidad y disminuir los niveles de precarización y cuentapropismo, ningún especialista recomendaría desarticular el Ministerio de Trabajo sino que, al contrario, lo reforzaría.
A esto debemos agregar diversos movimientos verticales entre los niveles de gobierno que vienen teniendo lugar en el último tiempo. La Nación se está corriendo de su rol como nivelador de inequidades en un país federal y está pasando a cargo de los gobiernos subnacionales la resolución de la llamada “cuestión social”. Sin embargo, hay tareas prioritarias que no se abordan y que necesitan de un rol del Estado Nacional mucho más dinámico y propositivo. ¿Cómo dotar más progresiva a la recaudación? ¿Qué sectores sociales comprometer a un mayor esfuerzo fiscal? ¿Qué nivel de sostenibilidad presenta el actual endeudamiento externo? ¿Deuda para qué?
En estos cambios de la política social se expresa lo considerado “justo” en determinada sociedad en un momento histórico particular. Pero a esto debemos adicionar otro aspecto central: las políticas plasman valores y sentidos comunes, además de preferir determinados instrumentos y configuraciones organizativas. Como bien introduce Bourdieu, las políticas son formas de acumular poder. En las instituciones hay sentidos comunes que construyen poder y es la determinación del valor lo que está en juego en esas luchas. El objetivo es por la imposición del principio de dominación dominante, no por la acumulación del poder.
* Coordinadora Académica del Diploma de Desigualdades y Políticas Públicas de Flacso. Investigadora visitante del Instituto Gino Germani de la UBA y directora del Cedep.
