La explosión de la escuela 49 Nicolás Avellaneda de Moreno generó un antes y un después para los vecinos del distrito, quienes demostraron un alto nivel de organización para denunciar las paupérrimas condiciones edilicias de las escuelas. Ese quiebre fue documentado en la película "Escuela bomba, dolor y lucha en Moreno", filmada por el Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, que se propone “dar voz” a los docentes, padres y alumnos que sufrieron la muerte de la vicedirectora Sandra Colomano y el auxiliar Rubén Rodríguez, pero también busca abrir un debate académico más profundo sobre el tejido social que forjó un proceso de lucha que logró frenar las clases durante seis meses a pesar de las presiones oficiales, sobre las condiciones históricas materiales que desencadenaron en la tragedia y acerca de las ideas naturalizadas que comparten los docentes ante las falencias del Estado.

El Departamento de Educación de la universidad decidió comenzar a documentar lo sucedido el mismo día que explotó la garrafa tipo zeppelin que se usaba para calefaccionar a los chicos. “Salimos al día siguiente sin saber mucho hacia dónde íbamos pero fuimos para hacernos cargo y ponerle voz a la situación, a contar lo que entendíamos que era un asesinato de dos compañeros”, relata a Página/12 Andrea Corrado, decana del departamento de la Unlu. Lo que empezó como un corto, con grabaciones esporádicas, fue tomando envergadura, hasta convertirse en un documental. El 8 de agosto, al cumplirse un año de la tragedia, estará en las salas argentinas, aunque también se presentará en dos festivales nacionales y en el Festival Internacional de Cine Político.

“Lo que queríamos era evidenciar que durante seis meses, 80 mil estudiantes en Moreno no tuvieron clases y 230 escuelas estuvieron cerradas”, señala Corrado, quien hace hincapié en el cruce que se generó entre la militancia sindical, las organizaciones sociales populares y los mismos padres para “hacerse cargo de acompañar a los docentes en ese contexto y no permitir que se reabrieran escuelas que no estaban en condiciones”. “Era una cantidad de derechos vulnerados históricamente que confluyeron y por suerte lo hicieron en la lucha y desde varios sectores”, agregó la decana de la universidad.

Lo que buscaban los docentes y el director de la película, Juan Mascaró, era lograr esa misma confluencia entre los intervinientes del documental. Para eso, hicieron preestrenos desde diciembre del año pasado con discusiones entre todos los sectores que participaron de la realización, pero también abrieron espacios de diálogo con los protagonistas de las historias. Emitieron la película dos veces en la escuela de Moreno y en otras del distrito. También la sometieron al debate en el ambiente universitario en las sedes de la facultad.

Para el vicedecano de la UNLU, ese fue el gran logro de la realización audiovisual: la reacción del público, que fue modificando algunos detalles de la pieza. “Vimos mucha gente pensando en voz alta, diciendo lo que pensaban y antes no. Cada vez que la proyectamos se generó un tiempo de debate prolongado, vimos cómo se movilizaban y expresaban su sufrimiento”, señaló a este diario Javier Di Matteo. Los debates discurrían sobre la situación política, el contexto social y económico pero también se identificaban las condiciones materiales en las que trabajan los que se dedican a la educación. “Acá aparecía cómo fuimos parte de la naturalización. Todos sabíamos lo que era trabajar con una estufa que no funcionaba, con vidrios rotos y techos que se caían”, agregó Corrado.

Di Matteo entiende que en ese momento se puso en manifiesto la “mirada conservadora” casi “de sacerdocio” incorporada por buena parte de los docentes, que discutían las condiciones edilicias e igual planteaban que la única alternativa era dar clases. “Nos ponemos en este modo de no dejar de dar clases porque creemos que lo que hacemos es importante para los chicos, sabemos que estamos conviviendo con situaciones que no son las adecuadas pero nos adaptamos”, puntualizó Di Matteo. Por otro lado, también puso en relieve “la ausencia de mecanismos institucionales para controlar que eso no suceda y la presión que se ejerció sobre los directivos para que la escuela se abra”.